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Un día normal

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Mariana Otero, 69 KB, día normal
Reporte Nivel Uno

Debía ser un día normal en el Senado de la República.

En la agenda, las actividades extraordinarias serían un homenaje a la senadora Ifigenia Martínez por su trayectoria, y la votación para entregar la medalla “Elvia Carrillo Puerto” a la directora de la organización “Católicas por el Derecho a Decidir”, María Consuelo Mejía Piñeros.

El resto del día, todo debía transcurrir entre iniciativas, puntos de acuerdo, y el ordinario intercambio de ideas. Pero no fue un día normal. No podía ser una jornada común, porque en 24 horas se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, y para muchos era completamente necesario recordarles a las mujeres mexicanas que no tienen, y no tendrán en el corto plazo, los mismos  derechos de los hombres, y, sobre todo, que ni siquiera tienen control y decisión sobre su propio cuerpo, sobre ese se tiene que discutir, votar, legislar y mandar.

La decana del Senado, Ifigenia Martínez, acudió puntual a la cita para que la sala de Protocolo de la sede legislativa tuviera su nombre, acudió a paso lento y parsimonioso, propio de las mujeres de 88 años que superaron millones de barreras para llegar a ser la mujer ícono de la izquierda mexicana.

Pasadas las 11 de la mañana, hora señalada para el inicio de la sesión ordinaria del Senado, comenzaron la exposición de posturas sobre la pertinencia de entregar el galardón a Mejía Piñeros, en ese momento, los “asesores” del senador Eruviel Ávila del Estado de México, tuvieron la acertada idea de distribuir rosas rojas con una “atenta felicitación” por el Día de la Mujer… (¿Necesito explicar la pésima broma o se cuenta sola?)

En numerosas (muy numerosas) ocasiones en este mismo espacio he reflexionado sobre la pertinencia de “felicitar” en ese día, ahora sólo me limitaré a cuestionar: Si la conmemoración sirve para recordarnos la enorme desigualdad de derechos que existe en el mundo entre hombres y mujeres, ¿A qué obedece la felicitación? ¿Un hombre felicita porque todavía sigue tomando decisiones sobre las mujeres? ¿Felicita porque no hay equidad? ¡Que alguien me explique (y de pasadita le corra la explicación al legislador)! ¿Una rosa roja, te cae?

Mientras las florecitas felicitadoras eran distribuidas entre el personal femenino, en el Pleno del Senado la discusión se elevó de tono, la senadora Patricia Mercado, colocó banderas verdes en los escaños de las senadoras en apoyo a las iniciativas por la despenalización del aborto y el derecho a decidir, pues la galardonada ha representado la lucha de mujeres católicas por tener derechos ¡sobre su cuerpo!

Existen discusiones y debates acalorados, y hay otros en los que la temperatura se eleva al grado de la ebullición, eso pasó el jueves siete de marzo en el Senado, en un día que debía ser normal, y que las palabras flamígeras de algunas mujeres lograron sofocar algo de la esperanza en que las mujeres mexicanas puedan alejarse de perjuicios, estigmas y discriminación.

Desde su lugar, la senadora Lily Téllez, a quien me pesa reconocer como periodista, tomó la bandera de la “ola verde” y fustigó que colocaran “trapos verdes” en su lugar, sin su autorización”: “Poner un trapo verde en un escaño que no es el suyo, hace que otras mujeres y otras ciudadanos piensen que yo apoyo el aborto, cuando estoy en contra”, y anunció que presentará una iniciativa (de pasadita solicitó apoyo a otros senadores para suscribirla) igual a la presentada en Nuevo León para penalizar el aborto. No hay palabras que designen el ataque de una mujer contra otra, hay, sin embargo, una que habla del apoyo entre mujeres: SORORIDAD. Tal vez, su antónimo, pudiera ser Lili Téllez.

Entre las réplicas, hubo una que destacó por el mismo nivel de prejuicio e ignorancia cuando la senadora Jesusa Rodríguez, expresó que “no es común ser católico e inteligente”, lo que resulta todavía más lamentable, porque las mujeres que estamos a favor del derecho a decidir; de que podamos ser dueñas de nuestro cuerpo y no se requiera del Poder Legislativo para reglamentarlo o castigarlo, estamos obligadas a elevar el nivel del debate, a ofrecer pruebas, estudios científicos, sociales y argumentos cimentados en verdades irrebatibles, y alejarnos de todo lo que huela a perjuicio (esos están en la banqueta de enfrente).

Así, luego de descalificaciones y amenazas de nuevas iniciativas para criminalizar la interrupción del embarazo, un senador aprovechó el “Día” para presentar una propuesta que penaliza el aborto, y aunque asegura que “nadie irá a la cárcel”, continúa la creencia de que un señor desde una Tribuna tiene el poder de decidir sobre el futuro, desarrollo y cuerpo de todas las mexicanas. ¿Adivina usted? Sí, fue el mismo senador que me “honró” con una rosa roja el día que se lucha contra los estereotipos de género. ¡No, pues gracias!

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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