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Opinión

La crisis por el aire que se pelea en el asfalto

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Jorge Albarrán, 72 KB, aire
Reporte Nivel Uno

El tiempo se asfixia en el tráfico de la capital mexicana, en ese intervalo donde nos agotan los espacios muertos que parecen prolongarse en ríos de nada y materializarse en síntomas de estrés crónico que escupe insultos y maldiciones en un desesperado intento por desahogarse… aunque sea en balde, aunque ya no signifiquen nada. Y en medio del ruido de los cláxons y las mentadas de madre surge una discusión que a diario parece intensificarse con el uso de discursos cada vez más radicales: es la discusión por el uso del espacio público, más específico, la guerra no firmada de los cochistas contra los bicicleteros.

En las redes sobran los testimonios de automovilistas soberbios que no respetan los señalamientos ni los espacios exclusivos, los que acusan al ciclista, los que les arrojan el carro encima y se defienden con el argumento de que las calles son para los autos (como si éste fuera el único medio legítimo para transportarse), y los de las bicis son los intrusos, los sobrados, los otros. “No están en París”, se escucha a diario en el ajetreo de esta ciudad caótica por autodeterminación.

Los ciclistas, las aparentes víctimas de esta discusión, se adueñan de los beneficios ecológicos del motor humano y desde ahí justifican el meterse entre los carros, andar sobre las aceras, no respetar el sentido vial e incluso pasar por alto la preferencia que tiene el peatón que camina sobre un paso PEATONAL.

En ambos bandos abundan las muestras de irresponsabilidad y se propagan los discursos de odio como dardos que apuntan directo al sinsentido. Al final, dos cosas son muy claras en ambas posiciones: los automóviles sí contaminan mucho y en la capital mexicana no existe la cultura vial para poder andar en bicicleta con absoluta seguridad. Aún así, ambos medios de transporte son válidos para enfrentar las distancias cotidianas.

Aunque también es necesario reconocer que muchas ciudades enfrentan en la actualidad una seria crisis de movilidad. En el caso particular de la Ciudad de México, es irreal que se consideren normales los traslados de más de una hora, los embotellamientos diarios, el transporte público relleno de gente o el aumento en el número de ciclistas atropellados. El panorama exige la necesidad de reajustar el debate que muchas veces parece limitarse al “carros contra bicis”, y de esta forma comenzar a encontrar soluciones al problema de la movilidad urbana.

No sólo por el caos urbano que se genera, también se deben tomar en cuenta otras dos cuestiones esenciales, la primera la explica la activista Areli Carreón: “debemos enfocarnos en qué vamos a hacer ante esta dependencia absoluta hacia los combustibles fósiles en un entorno global en donde sabemos, es un hecho incontrovertido, que se va a agotar ese petróleo”. La segunda es que la OCDE estima que para el 2050 la contaminación del aire se convertirá en la principal causa de mortandad a nivel global.

Entonces la bicicleta sí puede funcionar como una alternativa ante el complicado escenario, porque, como dice Galeano: “no envenena el aire, ni contamina el silencio, ni tapona las calles”. Se vuelve el motor de dos piernas una forma de volver más eficientes los traslados, de ahorrar tiempos muertos, de aliviar el estrés y de combatir las imposiciones de algo que se asemeja mucho a un colonialismo mental ¿o acaso el auto no es, en algunos casos, una suerte de imposición cultural?

Por supuesto, para que la bicicleta funcione como una opción viable se debe comenzar por la creación de una cultura vial que se fortalezca con el respeto entre todos los usuarios del espacio público, dejar de propagar los discursos de odio que se esparcen como dinamita entre el calor sofocante de los embotellamientos y comenzar a entender que el carácter público de las calles implica la necesidad de compartirlas, porque a final de cuentas, las pagamos entre todos.

No se trata de una guerra de carros contra bicicletas, sino de comenzar a hacer válido el concepto de comunidad y asimilar que debemos echarnos la mano entre todos, porque se trata de buscar soluciones a una crisis que nos golpea desde lo inmediato del caos y el malhumor de las filas interminables de autos que se estacionan con el motor encendido; y desde la incertidumbre de un futuro que ya comienza a hacer palpable los estragos de un planeta que nos devoramos a diario.

Debemos de tomar en serio esta crisis por el aire para dejar de pelear en el asfalto.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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