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Opinión

#Metoo entre periodistas

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Mariana Otero, 69 KB, periodistas

La lucha por la igualdad de condiciones y la equidad entre hombres y mujeres, como todas aquellas cuyo objetivo es un equilibrio de poder entre dos grupos, tiene sus vicisitudes, sus malos ratos, e incluso sus contradicciones y círculos radicales.

No en pocas ocasiones me he cuestionado sobre el rumbo y los métodos utilizados han sido los correctos, otras veces, he sentido una emoción profunda al ver avances papables, jóvenes entusiastas cuya actitud de vida me convence de que muchísimos aspectos de machismo o misoginia empiezan a ser totalmente inadmisibles para las nuevas generaciones.

Ese entusiasmo sentí cuando en Twitter inició el movimiento #Metoo periodistas, al que muchísimas mujeres se sumaron en pocas horas, y que posteriormente se extendió hasta las actividades académicas y universidades públicas y privadas, como el Centro Universitario México (CUM)… (De donde algunas denunciantes, jóvenes familiares mías, aseguran que algunos docentes no tienen reparo en presionar, e incluso, sostener relaciones amorosas con alumnas).

Del entusiasmo, de saber que mi gremio, (al que me jacto a pertenecer por la valía de las personas que lo integran) podría sacudirse prácticas que van contra toda la esencia periodística (desde mi punto de vista esa sería: buscar la verdad, divulgarla y contribuir a tener un país mejor).

El entusiasmo sigue, se moderó a la parte en que jóvenes mujeres de todas las redacciones de noticias de México levantaron la voz para hacer visible algo que siempre ha estado ahí… lo único que aún no entiendo es ¿Periodistas desde el anonimato? (¿Si mencioné que a veces la lucha parece contradictoria?)

Durante mi vida reporteril y su paso por varias redacciones de noticias sufrí varios intentos de seducción… bastante torpes, incluso cómicos.

Hubo colegas que me invitaron a salir, pero también superiores jerárquicos que piropearon algunos atributos ajenos a mi ejercicio periodístico, en esas ocasiones mi respuesta fue poner un alto contundente a la situación.

Pero (como dice mi querida abuelita) cada quien habla como le fue en la feria, o como (espero que no) le sigue yendo.

Soy periodista y feminista, pero también soy humanista, y una cosa no debería excluir a la otra porque NO SON EXCLUYENTES.

En los relatos de Twitter encontré el nombre de muchos colegas y compañeros, a los que prefiero no nombrar porque también encontré muchos “casos de acoso” que consistieron en una invitación a salir, mandar “besos” o emoticones de besos por chat, o la petición de un superior jerárquico a una subalterna para que le presentara a su amiga… Eso pudiera ser increíblemente torpe (creo que la última vez que lo presencié iba en la secundaria, ¿o sería finales de primaria?), pero no es acoso.

Respeto y celebro con todo mi corazón que jóvenes universitarias y sus pares masculinos, desprecien formas de acoso, machismo o misoginia que hace veinte años estaban completamente normalizadas, eso nos da la garantía de que es el inicio de su desaparición.

Sin embargo, también me parece que es necesario que exista un manual de identificación entre el coqueteo bruto o torpe con el acoso sexual en el trabajo, pues en la época de los juicios sumarios vía redes sociales, pareciera que (como en la Revolución) “primero fusilo y luego verigüo” (otra frase celebre de la gran mujer antes mencionada).

La práctica de fusilamiento internauta (o de la “Inquisición digital”) se podría entender entre casi todo tipo de mujeres, casi, menos entre periodistas.

Como trabajadoras de la noticia estamos obligadas a corroborar, pero sobre todo, a evitar la difusión de lo que tanto está dañando nuestro ejercicio diario: las “fake news” (bautizadas así por el coumpadrei del nourte).

Sí, les creo a todas. Creo que habrán sufrido de violencia o acoso sexual en su lugar de trabajo, creo que el medio periodístico no es un santuario, y tampoco es el único lugar en donde esto pasa. Sí les creo cuando relatan que algún “jefe” las invito a salir, pero también creo que todos necesitamos aprender a diferenciar cuando se trata de violencia y cuando son técnicas de seducción tan hábiles como las de un topo a plena luz del sol.

Yo digo sí a la denuncia, sí a la valentía, sí a la visibilización, también digo no al linchamiento, y al uso del feminismo como arma para debilitar a nuestro gremio (ya estamos pasando una época bastante difícil).

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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