Conecte con nosotros

Opinión

Derecho y Estado Constitucional en el Siglo XXI

Publicado

el

José Ramón González Chávez, 61 KB, Estado Constitucional
Reporte Nivel Uno

El uso de las Tecnologías y Sistemas de Información y Comunicación para producir conocimiento y en la práctica cotidiana siguen transformando cada vez con mayor fuerza nuestra realidad; por ello, la Ciencia en general y las ciencias sociales en específico, han visto caer muchos de sus paradigmas que hasta hace poco parecían inalterables.

En este contexto, el Derecho, el Estado y la Política, pilares en los que se sustenta el edificio constitucional no están ajenos a este proceso de cambios tan profundos y trascendentes para el presente y el futuro de nuestra sociedad.

En la actualidad, una Constitución debe dejar de ser vista como un mero código, sino apreciarse ahora como un ordenamiento jurídico en sentido amplio, esto es, como un sistema ordenado de normas, principios y prácticas que independientemente de estar codificados o no, se consideran fundamentales y por lo tanto deben ser protegidos, exigidos y cumplidos por la sociedad y las autoridades, dado que sobre ellos existe un sentido eminentemente político: un acuerdo en lo fundamental sobre el valor de sus contenidos, independientemente de las inclinaciones o gustos que cada individuo o grupo pueda tener.

De ahí que, al menos en su concepción sustancial, la Constitución sea ante todo y como su nombre lo indica, Política , si bien, en su aspecto técnico jurídico, el Estado Constitucional se conciba como una estructura institucional capaz de ofrecer un sistema jurídico político que, por un lado, establezca el más amplio espectro de derechos fundamentales, con sus respectivas obligaciones  para ciudadanos y autoridades; y por el otro, determine las bases de la organización del poder público a fin de garantizar al interior, el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes, y al exterior, conducir acciones para promover y defender los intereses y expectativas del Estado como miembro de la comunidad internacional y a la vez influenciar la toma de decisiones globales, como un factor determinante de la soberanía en la actualidad.

¿En qué se distingue este nuevo régimen jurídico político denominado Estado Constitucional  o Garantista del anterior llamado Estado de Derecho, o Legalista? Responder a esta pregunta excede por mucho los alcances de este breve texto; por tanto, de manera solo enunciativa me atreveré a señalar algunos de los elementos más importantes a riesgo de omitir algunos de similar envergadura:

• En el antiguo régimen la positividad de una norma la daba su coercitividad es decir, su capacidad de ser impuesta, aun mediante el uso de la fuerza pública, en contra de la voluntad del sujeto de la misma. Por su parte, el nuevo modelo considera que una norma es positiva si al mismo tiempo se basa: a) en valores y principios; b) se produce formalmente de acuerdo a procesos previamente establecidos en el propio ordenamiento jurídico; y c) es dotada además del elemento coercitivo , de otro de carácter persuasivo  por el contenido positivo de su esencia, que le da validez , al ser realmente observada y aplicada en la práctica social por considerarse que en su contenido existen valores que es importante cumplir por todos y de ahí su sentido político. Con ello, la norma – regla, es sustituida por la norma  – principio .

En tal sentido, la Supremacía Constitucional debe ser respetada ahora ya no como cúspide de una estructura piramidal monolítica, tal como la consideraba Kelsen y el positivismo jurídico, sino como esencia nuclear de toda norma, principio o práctica que componga el sistema en su conjunto, pues de lo contrario, se despojaría a la Constitución, considerada tanto en su aspecto formal como material, de su carácter de Ley Primordial.

• En los regímenes positivistas, la institucionalidad basada en leyes –que hasta cierto punto pudiera encontrar justificación histórica-, poseía por naturaleza un corte legalista, autoritario. De tal suerte, una gobernabilidad concebida desde esa óptica como Estado Legislativo , no trata de hacer justicia, sino de cumplir a pie juntillas con la disposición, aunque con ello pueda llegar a dejarse sin solución el fondo de la Litis, o en el peor de los casos, a producirse una injusticia, cayendo en un grave error de fondo: confundir legalidad con legitimidad de las decisiones jurídicas.

• El modelo constitucional contemporáneo es de corte individualista. Coloca la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la estructura constitucional; mientras que, en el anterior sistema, las razones de Estado  y el interés público se anteponían a los atributos jurídicos personales. De ahí que el nuevo modelo prevea un catálogo más amplio de derechos fundamentales y se internacionalice su protección, complementándose con un sistema complejo de mecanismos nacionales e internacionales encargados de garantizar su cobertura y ejercicio objetivo, cuando en el esquema de mediados del siglo XIX a fines del XX el tema del contenido constitucional en la materia era, en última instancia, competencia exclusiva del régimen interior y de una sola instancia deliberativa en la materia: la Suprema Corte.

• En la actualidad, todo código constitucional ya no es, como en el pasado, mero producto de una decisión legislativa suprema, sino más bien resultado del consenso mayoritario de los miembros de la comunidad política, con lo que la constitucionalidad adquiere ahora un sentido eminentemente democrático, ya no solo representativo, sino preponderantemente participativo, entendiéndose entonces la democracia como una consecuencia organizativa del ejercicio de la dignidad humana y en última instancia, de la constitucionalidad.

• La rigidez formal que el principio de Supremacía Constitucional había impuesto secularmente el viejo esquema a la norma sustantiva abstracta, debe ahora de encontrar su justo medio, permitiendo que esta cuente con suficiente flexibilidad para que pueda materialmente ser capaz de ajustarse a las circunstancias que le marca el contexto en el que debe observarse, interpretarse y aplicarse a los casos concretos. En este esfuerzo, todos los operadores jurídicos, independientemente de la labor que realicemos, y la sociedad en su conjunto, tenemos el grave compromiso de lograr en la práctica cotidiana, construir, en el lenguaje de Häberle, una sociedad abierta a la interpretación constitucional, bajo la premisa de que todo aquel que vive la norma constitucional tiene el derecho y la obligación de interpretarla y aplicarla.

En efecto, en un Estado Constitucional y por ende democrático, todos tenemos algo –mucho- que decir y por lo mismo, habrá necesidad de aceptar diversas formas de hacerlo, todas ellas valiosas y considerables, bajo el entendido de que, tal como lo propone Stephen Hawkin, la verdad –en este caso, la verdad constitucional- deba ser conformada a partir de la suma y síntesis de todas las verdades posibles. Es ahí donde adquiere importancia medular la argumentación como requisito sine qua non  de esta tan requerida interpretación, como vehículo indispensable para desentrañar la esencia profunda de la Lex  (esencia profunda del sentido de justicia).

Esta tendencia a la justificación argumentativa (actuación en el sentido de justicia mediante argumentos), tiene su base en el principio actual de falibilidad de la ciencia e implica la necesidad de un mayor uso de la ponderación –con lo que la labor del juzgador adquiere un nuevo realce-, cuando en el viejo paradigma la subsunción y la decisión fundada en las atribuciones para tomarla bastaban para aplicar la Ley. El Derecho Constitucional se abre entonces a la multidisciplinariedad horizontal, cuando desde la Teoría Pura  positivista el Derecho solo podía ser estudiado de forma vertical, desde el Derecho mismo.

• En fin, desde la perspectiva neo constitucional, el Poder Constituyente cifra su legitimidad al pasar de ser el Gran Legislador , a erigirse en fuente principal de interpretación de la esencia primera y última de lo Constitucional, con el objeto de construir preceptos fundamentales que para ser válidos  antes que coercibles, deberán reflejar de la manera más congruente posible el Ser , el Deber Ser  y el Querer Ser  del Estado, y habrán de estar contenidos en el núcleo de toda norma jurídica, independientemente de su materia y alcance, so pena de volverse inaplicables.

Es ahí donde la Constitución adquiere en el nuevo paradigma toda su fuerza normativa, pasando de ser un mero manifiesto político a ser norma normarum , fuente del Derecho por excelencia y por ende, base del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Sin perjuicio de lo anterior, valga decir que para pasar de la teoría a la práctica, el Estado Constitucional contemporáneo habrá de encontrar la fórmula de hacer convivir un modelo de Derecho Dúctil  –tal como lo propone Zagrebelski, entre otrosque responda con eficacia a las exigencias de una sociedad líquida , producto de la Hipermodernidad globalizadora, cuya presencia, nos guste o no, es tangible e insoslayable, junto con los legítimos requerimientos de los núcleos sociales en desarrollo que, a pesar de todo, están haciendo un gran esfuerzo por construir una sustentabilidad política, económica, social y cultural y necesitan ser atendidos no solo de forma paliativa, sino en el largo plazo, al igual que las necesidades más imperiosas de comunidades de nuestro país, por desgracia no pocas, que deben ser rescatadas de una precariedad de corte pre moderno y se mantienen sumergidas desde hace décadas y aun siglos, en la exclusión y el olvido estructural.

¿Qué tan cerca o tan lejos está el sistema constitucional mexicano de convertir todos estos componentes del nuevo paradigma en actos jurídicos reales? Resulta indudable que podremos avanzar si todos asumimos con civilidad el compromiso de considerar la Constitución desde esta nueva óptica y volverla parte de nuestra cotidianeidad, hasta que el ejercicio continuo y permanente la conviertan en una forma de ver y vivir la vida social. Solo así podremos caminar realmente hacia la construcción y sustentabilidad de un verdadero Estado Constitucional para todas y todos los mexicanos.

Deportes

Comité Olímpico Mexicano ya no dará hospedaje ni comida a deportistas

Publicado

el

comite_olimpico, Comité Olímpico Mexicano, 56 kb, deportistas
Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- Debido a la falta de presupuesto, el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció que dejará de proveer hospedaje, alimentación y atención médica a los deportistas que integran sus distintas federaciones.

A través de una circular difundida de manera interna y que filtró el semanario Proceso, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) cerrará de manera parcial a partir del 31 de julio de este año, por ende, los citados servicios quedarán suspendidos de manera infefinida .

Ya es imposible mantener los servicios de hospedaje, alimentación y atención médica que se ofrecen. Dado lo anterior se ha tomado la difícil decisión de suspender por completo y en forma indefinida dichos servicios a partir del 31 de julio, agradeciendo sean tan amables en cancelar, suspender y/o retirar todas sus reservaciones a partir de esta fecha”.
Comité Olímpico Mexicano

De 2012 a la fecha, el Comité Olímpico Mexicano ha subsistido gracias a los recursos que el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en turno le ha asignado. Por ejemplo, en el cuatrienio que comenzó en 2008 la asociación civil recibió 80 millones a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

TE RECOMENDAMOS LEER: Conade no tiene ni para pagar la luz, asegura Ana Gabriela Guevara

Sin embargo, los actuales ajustes presupuestales derivaron en que la dirigente de la Conade, Ana Gabriela Guevara, todavía no haya asignado una partida presupuesta al COM; cabe señalar que la citada Comisión sufrió un recorte de 70 millones de pesos en el presente año.

Es por ello que Guevara reveló este martes que pediría una ampliación presupuestal por 500 millones de pesos en aras de concluir satisfactoriamente el 2019, toda vez que, según la funcionaria, no existe el suficiente dinero para operar el organismo.

Inclusive y como se dice en el documento referido en un inicio, Padilla Becerra ha sostenido negociaciones con la SEP y la Secretaría de Hacienda en aras de obtener los recursos necesarios, pero hasta ahora no ha existido ningún arreglo.

“Mantenemos la firme intención de encontrar soluciones para que esta situación pueda revertirse rápidamente y evitar así que afecte el desempeño de los atletas que nos representarán en diversas lides deportivas durante 2020, incluyendo los Juegos Olímpicos de Tokio”, dijo el Comité Olímpico Mexicano.

Seguir leyendo
Anuncios
Anuncios

Política

Anuncios

CDMX

Anuncios

Tienes que leer