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Opinión

El absurdo movimiento antivacunas

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Fausto Kubli García, 54 KB, movimiento antivacunas
Reporte Nivel Uno

Recientemente platiqué con Ana Francisca Vega en su programa de radio En directo. Brevemente hicimos algunas reflexiones en torno a un caso en Estados Unidos que se refiere al movimiento antivacunas.

Un joven al cumplir los dieciocho años decide irse a vacunar, porque mientras estuvo bajo la patria potestad de sus padres no fue vacunado, porque pensaban que aplicar estos tratamientos tenían efectos secundarios como promover el autismo entre otras enfermedades.

Al respecto se abren muchas interrogantes sobre la libertad y la salud pública. En principio hay que resaltar que las prácticas médicas deben, o al menos debieran, obedecer a varios principios bioéticos, entre ellos, el consentimiento previo e informado.

Este principio es una manera de transparentar a los pacientes los alcances de las terapias, procedimientos y protocolos que se van a llevar a cabo en su cuerpo. El consentimiento previo e informado  está basado en la libertad, en donde el paciente tiene toda la capacidad de decidir si se va a someter a algún tratamiento.

En la época posrevolucionaria en México hubo un periodo que se conoce como la “Dictadura Sanitaria”, en este sentido se llegó a utilizar al Ejército para emprender campañas sanitarias por la fuerza. Sin embargo, con el tiempo, las prácticas médicas se fueron puliendo y decantando para que no fuera la fuerza, sino la razón, la persuasión, lo que guíe a estas campañas tan necesarias de salud pública.

Para evitar el uso de la fuerza en las prácticas médicas y que estén guiadas por la libertad, el primer elemento que debe florecer es la información. La población debe estar informada de la importancia de aplicar vacunas contra la enorme gama de enfermedades que pueden afectar a la población entera, pero entre ellos los más vulnerables: los niños y las niñas.

El libre desarrollo de la personalidad se refiere a la capacidad de todas las personas de decidir sobre muchas materias, entre ellas sobre su cuerpo y esto incluye las prácticas médicas. El poder público no podrá imponer sobre nadie, el deber o la obligación, de decidir sobre su cuerpo, esto como regla general por supuesto. La invasión del derecho a las decisiones de las personas vulnerarían la serie de derechos asociados con el libre desarrollo de la personalidad.

Cuando se trata de personas adultas, con la capacidad de decisión que otorga la mayoría de edad (o la emancipación), las prácticas médicas podrán llevarse a cabo solamente bajo su consentimiento, en tanto se pueda obtener y se garantice que el paciente ha entendido cuáles son las posibles consecuencias de someterse a determinada práctica médica.

Una vez que el paciente ha entendido (informado ), decidirá si se somete o no (consentimiento libre ) Excepcionalmente, puede darse el caso de alguien que sufra un accidente y se le tenga que intervenir de urgencia, para lo cual no se puede recabar su consentimiento y el médico podrá aplicar un protocolo, terapia o tratamiento para salvaguardar otro bien jurídico tutelado: la vida.

Por otro lado, cuando se trata de menores la situación es distinta. Los padres ejercen sobre sus hijos menores determinado poder decisorio sobre sus persona. Salvo en los casos en que los menores de 18 años contraen matrimonio, se extingue la patria potestad y se les tiene por emancipados, los padres deciden sobre la educación, salud, bienes, obligaciones de sus hijos. Si se mira con detalle, la falta de capacidad de ejercicio de los hijos es complementada con la capacidad de los padres.

¿Qué pasa si los padres toman decisiones equivocadas sobre la salud de sus hijos como en el caso del movimiento antivacunas? No deja de ser un tema complejo, pero es necesario que comencemos a hablar de una nueva figura jurídica, de menos rigidez que lo que se tiene actualmente, sobretodo cuando se trata de la salud pública de los niños y niñas.

La tutela provisional que una autoridad puede ejercer sobre los hijos de los demás se ha ejercido y convalidado por la Suprema Corte en México, pero solo para casos de extrema urgencia. (Amparo en revisión 1047/2017)

Una niña con leucemia tenía que someterse a una transfusión sanguínea, pero su madre se oponía a ello, dada su religión que le prohibía recibir plaquetas de otra persona. La Subprocuraduría de  Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Morelos tuvo que llevar a cabo un procedimiento para asumir la tutela provisional y otorgar el consentimiento para que la menor fuera transfundida y así poderle salvar la vida. Al final, se validó la actuación de la autoridad y la tutela provisional fue legítima.

Sin embargo, ante el movimiento antivacunas, el papel del Estado aún está por definirse y ser replanteado. Sin lugar a dudas, no aplicar vacunas es exponer a peligros adicionales a los hijos, pero la autonomía parental está reconocida y no necesariamente se trata de un tema de extrema urgencia, pero si vital.

Las personas que deciden no vacunar a sus hijos es porque están mal informadas, porque lo leyeron en las redes sociales o lo escucharon por ahí; entonces, el primer frente del Estado es combatir a la desinformación, desmintiendo todas las supersticiones y las falacias que circundan en Internet.

La promoción de la salud es una herramienta poderosa para que las personas le apliquen las vacunas a sus entenados a partir de la persuación y no de la coacción, además es absolutamente compatible con el libre desarrollo de la personalidad. No obstante a lo anterior, puede ser que no a todos los padres y madres les llegue este mensaje y a pesar de las advertencias insistan en no vacunar a sus hijos.

Esta obstinación, sin lugar a dudas, debe tener consecuencias y responsabilidades. Se debe legislar, en específico, para que los hijos puedan, antes de ser mayores de edad, decidir si quieren ser vacunados o no. Esto es, lograr que las decisiones de los menores de edad también estén protegidas, en especial cuando se trata de salud pública.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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