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¿En dónde está la oposición?

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Alan Rosas Alvarado, 58 KB, oposición
Reporte Nivel Uno

Para entender el contexto de esta reflexión tendríamos que remontarnos al PRI de hace 50 años, que con una mayoría abrumadora tomaba decisiones vinculantes mientras que los demás partidos simplemente eran espectadores en una masacre doctrinaria, aplastante y que terminaría por repetirse algunas décadas después.

Me refiero al “fundamentalismo de la 4ª Transformación“. Entendemos al fundamentalismo como el extremismo que incita a muchos miembros pertenecientes de diversas religiones a interpretar de manera contextual sus textos sagrados, pero en México, debemos temerle a las decisiones justificadas del máximo exponente de la 4T, que es por mandato constitucional “el temporal administrador del andamiaje político que determina el futuro del país”, y por la receptación que tiene ante muchos de sus simpatizantes, que en vísperas de llegar a la tierra prometida, del tan esperado cambio que ha ofrecido el presidente, son capaces de aceptar todo tipo de atropellos e hipocresías con tal de seguir creyendo las promesas que se nos han hecho a todos los mexicanos, poniendo en completo riesgo a todos los sectores de la sociedad y peor aún, al futuro de la democracia mexicana.

Y es que no es poca cosa aquella frase de Marx: “Estas son mis leyes, si no te gustan… hago otras” ; pues expresa en todo su esplendor los primeros 100 días de los 2000 que nos quedan del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso es necesaria una recapitulación.

Apenas había recibido la constancia que lo acreditaba como presidente electo, López Obrador emprendió una cruzada para impulsar las mal llamadas “consultas” que carecían por completo de legitimidad y legalidad; y es que someter a consulta decisiones trascendentales para el país, en encuestas realizadas y calificadas por miembros de su partido, lo convierten en juez y parte, haciéndolas carecer totalmente de credibilidad. Así con menos del uno por ciento de la población votante se decidió lo que prematuramente han llamado el error del sexenio.

Una vez comenzado el nuevo sexenio, en su cruzada contra la corrupción, decide incidir en diferentes rubros del Presupuesto de Egresos, recortándolo de áreas sensibles como programas sociales, universidades públicas, deporte, cultura y salud pública.

Recortar el presupuesto a las universidades públicas solo sería el comienzo pues unas semanas después el presidente enviaría al Congreso una iniciativa para derogar la actual reforma educativa. Entre los cambios que propuso, llama la atención, la modificación a la fracción VII del Artículo Tercero Constitucional donde desaparecen párrafos relacionados a la autonomía de las universidades.

Inmediatamente las críticas y protestas no se hicieron esperar, las redes sociales ardían y pese a que los legisladores de oposición hicieron énfasis, no fue mas que la protesta de la sociedad la que obligó al presidente a salir de nueva cuenta al show  de las siete de la mañana en el Palacio Nacional a decir: “No hay ninguna intención en ese sentido, es más para que no se use de pretexto o excusa, si es necesario estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía (…)”

La gravedad en el uso de palabras inadecuadas para un mandatario de Estado, puede constituir un error de interpretación, que sin embargo en este caso no se trata de una equivocación, claramente había una intención de dar marcha atrás con una lucha de décadas y que en definitiva nunca fue con buenas intenciones.

Vale la pena hacer un recuento de daños respecto de los recortes o finalización de programas sociales que afectarán directamente a personas trabajadoras o de escasos recursos, ejemplo, el recorte de presupuesto a instancias infantiles para madres trabajadoras y la cancelación de programas como los “Comedores Comunitarios”.

Hace una semana en un acto que muchos periodistas y analistas han calificado de “populista” tras enviar la polémica reforma de “revocación de mandato” al Congreso, el presidente, duramente criticado, firmó un documento en el que prometió no reelegirse; preocupa pensar en que posición juega el presidente, dado lo innecesario que fue suscribir un documento para prometer no reelegirse, si consideramos que esta garantía se encuentra prevista en la Constitución Política, por otro lado, es preocupante la incongruencia de someter sus primeras decisiones a “consulta” y ahora buscar impulsar una ley que las regule, ¿no sería lógico realizar las anteriores consultas de nueva cuenta pero sustentadas en la iniciativa de ley que propone?

Ante todo lo anterior, resulta irreal que la sociedad que duramente ha criticado a otras administraciones por sus malas determinaciones, ahora sea tan vulnerable. Claramente nos enfrentamos a la falta de voluntad, las acciones hablan por si mismas y no podemos perder de vista que la responsabilidad de no permitir que las decisiones del gobierno afecten por igual, no debe recaer únicamente en los partidos políticos, que no son mas que medios de participación para crear un equilibrio en la vida democrática.

No olvidemos perder de vista que la oposición se encuentra en cada uno de los mexicanos, quienes tenemos que ser garantes de derechos, una sociedad responsable se manifiesta, esa es la verdadera oposición, si continuamos por el camino del extremismo, si seguimos a la espera de un cambio y seguimos permitiendo toda clase de caprichos personales, sin duda el futuro de México será aún más incierto.

Ciertamente el presidente no está acostumbrado a escuchar críticas, ha golpeado duramente a las calificadoras internacionales. En más de una ocasión se ha burlado de las manifestaciones en su contra, nunca se ha pronunciado respecto al conflicto de intereses por tener al tener a sus amigos trabajando con él, o del por qué la esposa de su principal asesor y socio es ahora ministra de la Suprema Corte y recientemente un senador de Morena, negoció la venta de 400 mil toneladas de carbón para la CFE.

Estamos ante una sociedad fundamentalista, callada y dejada, que sin importar el cinismo con el que el gobierno actúa, ellos siguen allí, esperando una cuarta transformación, que por el bien de México y los mexicanos, ojalá llegue.

 

 Dirigente Nacional de Expresión Juvenil Revolucionaria del PRI

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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