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Gobierno de AMLO dice adiós al efectivo para erradicar corrupción

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El presidente AMLO puso en la mesa la eliminación del efectivo ejerciendo como una estrategia para combatir la corrupción. La idea es simple: sin una persona como intermediaria en la entrega de los apoyos sociales, la posibilidad de un acto de corrupción se reduce radicalmente. De igual modo, la banca en México ha volteado a esta posibilidad y el proceso para disminuir el uso del dinero convencional parece estar más adelantado. ¿Será este el fin del efectivo en México?

A partir del 1 de abril arrancó el programa piloto del sistema de Cobro Digital (CoDi), el cual fue desarrollado por el Banco de México en asociación con la banca privada y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con miras a jubilar, de una vez por todas, el uso del efectivo.
Este sistema, el cual debe ser adoptado por to- dos los bancos operantes en el país con más de 3 mil cuentas en septiembre, contempla el uso del teléfono móvil para poder hacer cobros y pagos. Éste sistema no solo tiene como objetivo reducir el uso del efectivo, sino también llevar los servicios financieros a los mexicanos que históricamente han sido relegados de estos productos.

En un inicio, se pondrá en operación tres programas piloto con una duración entre tres y cuatro meses; en uno de ellos la Secretaría de Hacienda distribuirá por medio de la banca digital y el CoDi los apoyos de un programa social dirigido a jóvenes.

En la segunda etapa, impulsará el uso de esta plataforma en una ciudad con una población menor a 150 mil habitantes. En dicha urbe se buscará modificar la cultura financiera y se tomará como ejemplo para replicar el modelo en otros lugares, sobre todo aquellas localidades que tienen difícil acceso a los servicios financieros.

El periodo de prueba concluirá en una población muy pequeña en donde no exista sucursal bancaria. Ahí será la prueba final de esta tecnología de servicios financieros.

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¿Por qué AMLO impulsa no usar efectivo?

Siendo Andrés Manuel López Obrador presidente electo, dio a conocer cinco temas prioritarios a de- finir antes de iniciar su mandato y uno de ellos tenía que ver con los sistemas de pago “para dispersar los recursos económicos para los beneficiados de los programas sociales, donde no hay inclusión financiera o sucursales bancarias”.

Según datos oficiales, los programas sociales atendieron en el último año de Enrique Peña Nieto a más de 15 millones de personas con apoyos mensuales y bimensuales, para un total de 90.9 millones de transferencias que deben dispersarse en al menos 200 mil localidades.

En el gobierno del presidente López Obrador, la base de beneficiarios aumentará aproximadamente 25% con la adhesión de nuevos programas como “Jóvenes construyendo el futuro”, “Apoyo universal a adultos mayores y discapacitados” y “Un millón de hectáreas”.

En la administración pasada los apoyos se pagaban a través de 15 mil puntos de pago, de los cuales 5 mil son fijos y semifijos y 10,000 en puntos de pago en efectivo.

Son justo los puntos de pago en efectivo donde el presidente López Obrador puso su interés, dado que es en estos puntos donde se gestaba la mayor parte de la corrupción en la entrega de los apoyos a grupos vulnerables.

La entrega de apoyos de manera directa y electrónica contribuiría, en primer lugar, a combatir la corrupción; en segundo lugar, para reducir la evasión fiscal, así como los mercados informales y, finalmente, les permitiría combatir al crimen organizado en la medida en que podrían cerrarles el margen de acción con dinero en efectivo.

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AMLO y la 4T: A legitimar el combate a la corrupción

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Con el arranque de la Cuarta Transformación se esperaba la caída de “peces gordos” para legitimar el combate a la corrupción que durante años el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pregonado. Para algunos, tardó en llegar, pero por fin van tras uno: Emilio Lozoya Austin, director de Pemex en tiempos de Peña Nieto. ¿Será este el primero en una lista que hace tiempo espera irse tachando?

Fue uno de los colaboradores más cercanos de Enrique Peña Nieto durante su sexenio, lo cual se pudo prever desde que lo incluyó en su campaña presidencial como coordinador de Vinculación Internacional, lo cual le obligó a dejar su puesto en el Consejo de Administración y Comité de Autoría de OHL México.

Luego, con el triunfo del mexiquense, apenas unos días después de su toma de protesta, el 4 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya Austin se convirtió en director general de Pemex.

38 meses después, el 8 de febrero de 2016, fue sustituido por José Antonio González Anaya en el puesto.

Su nombre, desde que comenzó a ser parte del ojo público, ha estado vinculado al escándalo, siendo el más notorio el caso Odebrecht.

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La firma brasileña habría pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a Lozoya para inyectarse a la campaña presidencial del PRI en 2012. Esto le mantiene hasta la fecha carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fepade.

En cada señalamiento, Lozoya Austin se ha declarado inocente y víctima de una persecución sin sentido.

También fue acusado de haber sido un pilar fundamental en la asignación de contratos a la empresa OHL, al servir como intermediario y benefactor tras haber sido su trabajador. Lo negó todo.

Lo mismo sucedió en abril de 2016, cuando se le nombró en los Panama Papers, donde fue ligado al despacho panameño Mossack Fonseca, al cual habría buscado para la creación de una empresa offshore en Dubái.

A pesar de los múltiples señalamientos se mantuvo tranquilo durante el peñismo, hasta el 22 de mayo de 2019, cuando al Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó 10 años de cualquier ejercicio público por falsear su declaración patrimonial.

Pero esa fue solamente la punta del iceberg. En cuestión de días, Emilio Lozoya Austin se convirtió en un prófugo de la justicia.

No es por el caso Odebrecht: FGR

El siguiente paso en el hundimiento del ex director de Pemex fue el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde está un viejo conocido de Lozoya: Santiago Nieto Castillo, quien en 2017 destapó su vínculo con Odebrecht, cuando era fiscal electoral.

Lo que se veía venir terminó por confirmarse: un juez federal giró una orden de aprehensión contra Lozoya Austin al igual que el dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien fue detenido casi de inmediato en Mallorca, España.

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Se pensaba que todo era por el caso Odebrecht, hasta que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lo desmintió. Esto quiere decir que ese tema todavía queda pendiente.

“El tema de Odebrecht no tuvo nada que ver”, en las órdenes de captura de Ancira y Lozoya, dijo el fiscal, quien también explicó que al ex directivo de la petrolera nacional se le señala por el presunto “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros”.

También aseguró que fue el propio Pemex quien en marzo pasado presentó la acusación, misma que fue sustentada mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En realidad todo se deriva de la compra-venta de una planta de fertilizantes, operación llevada a cabo entre Pemex y Altos Hornos de México, entre Lozoya y Ancira.

Agronitrogenados, el acabose de Lozoya

En febrero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la compra de la planta de Agronitrogenados, a través de Pro Agroindustria, una empresa de Pemex, en diciembre de 2013, tuvo un sobreprecio de casi 500 millones de dólares, ya que más de la mitad de la planta ya no servía.

Un 60 por ciento de las instalaciones eran inservibles y deberían ser cambiadas; según los vendedores, no se llevó a cabo una evaluación de las condiciones de la planta previo a su venta, ya que supuestamente se perderían las garantías… aunque llevaba 14 años sin operar.

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Después, una segunda auditoría, ahora sobre la rehabilitación de la plana, concluyó que PMI Comercio Internacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas que aplicaban para el trabajo.

Entre las muchas irregularidades detectadas, la ASF halló deficiencias en la evaluación de las propuestas, falta de control de presupuesto, al igual que de los tiempos fijados en el contrato de rehabilitación y falta de experiencia de la empresa que se creó para la producción de fertilizantes.

Se redujeron metas, pero se aumentó la cantidad contratada sin justificación, a la vez que no se sumó tecnología nueva; tampoco se justificaron los aumentos de costos, ni tampoco se especificó las responsabilidades de las partes. No hubo permisos ambientales, ni se pudo demostrar el cumplimiento de certidumbre adecuado.

De acuerdo con un análisis a la cuenta pública de 015, la inversión inicial para comprar la planta era de 275 millones de dólares, a lo cual debieron sumarse 200 millones más para obras de rehabilitación, dando un total de 475 millones.

Pero en agosto de 2015, PMI Holdings autorizó aumentar en 142.5 por ciento el monto, es decir 285 millones de dólares más, llevando así la transacción final hasta los 760 millones.

Al respecto, el abogado de Lozoya Austin, ya en 2019, inhabilitado, con cuentas congeladas y una orden de aprehensión en su contra, asegura que su cliente “no firmó el contrato de Agronitrogenados”.

“Peña Nieto sabía”: el abogado

Desde la primera “bomba” que tronó, quien siempre ha estado junto a Lozoya es su abogado, Javier Coello.

Tras saberse que había orden de aprehensión contra su defendido, el litigante concedió una entrevista televisiva donde aseguró que para aclarar el caso, citaría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo citaría al presidente Peña Nieto, que declare porque no se movía una sola hoja si no era por instrucciones del presidente”, sentenció tajante.

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Pero no se detuvo ahí. También cuestionó que las autoridades federales no estén también buscando a otros funcionarios que eran parte del consejo de la filial de Pemex que concretó la compra de la planta de fertilizantes.

Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía o Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, fueron dos nombres más que el abogado de Lozoya sugirió como investigables.

Entró a su casa, ya no salió… y no lo encontraron

Lomas de Bezares. Ahí es donde Emilio Lozoya vive… o vivía. Una lujosa propiedad de 38 millones de pesos que adquirió, según una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), con un soborno pagado por Odebrecht.

El 26 de mayo, el ex directivo entró a su casa, según el reporte de dos policía ministeriales, quien también indicaron que ya no lo vieron salir del inmueble.

Los agentes Carlos Mancillas y Cuauhtémoc Maldonado, según su propio parte policial, fueron el lunes al fraccionamiento en que está el hogar del ahora prófugo de la ley.

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Ahí, los recibió el vigilante en turno del lugar, Juventino Rosas, quien les confirmó que Emilio Lozoya sí vivía ahí, pero que no podía autorizarles el paso. Por ello montaron una vigilancia permanente en las afueras del lugar.

Sin embargo, fue hasta el martes cuando obtuvieron la orden de cateo para entrar a la casa de Lozoya… pero cuando lo hicieron ya no estaba. Se les escapó, de alguna forma, en la cara.

Buscado en 190 países… y amparos a su familia

La Fiscalía General solicitó a la Interpol que emitiera la ficha roja en contra del ahora prófugo, por lo que desde que se emitió la misma Emilio Lozoya es buscado en más de 190 países en el mundo.

Sin embargo, antes de que no se supiera dónde está, Emilio Lozoya consiguió un amparo contra la orden de aprehensión que se giró en su contra, aunque en caso de que se le acuse de delitos con prisión preventiva oficiosa, de nada serviría.

A este recurso legal, se sumaron Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, esposa y hermana del ex director de Pemex, quienes también evitarían la captura solamente si no se les acusa de delitos graves. A ambas, como a su familiar, se les congelaron sus cuentas bancarias.

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Las dos mujeres indicaron que la jueza de control María Elena Cardona Ramos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Sur, giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erix Zabalgoitia Novales, les concedió la medida cautelar.

Otros familiares que también buscaron protección con un amparo fueron Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, y Juan Jesús Lozoya Austin, madre y hermano del ahora buscado.

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