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Defensores de la democracia

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Senador, 57 KB, democracia
Reporte Nivel Uno

El caso Marbury versus Madison (1803) es un hito en la historia contemporánea del derecho porque concluye con el establecimiento del principio de supremacía constitucional, cuyo significado es en términos concretos, que un cuerpo de jueces (no electo en las urnas) pueden expulsar del marco jurídico cualquier norma, creada y aprobada por el Ejecutivo y el Legislativo que contradiga la Constitución.

Resulta ser la Corte Suprema de Estados Unidos el primer antecedente de un tribunal constitucional en el mundo, aunque éstos surgirían formalmente en Europa en la segunda década del siglo XX con los valiosos aportes del célebre Hans Kelsen.

El control de constitucionalidad por parte de un cuerpo colegiado especializado ajeno al proceso de creación normativo es una parte fundamental del mantenimiento del régimen democrático porque es un medio de contención ante la falibilidad de los poderes ejecutivo y legislativo vulnerables a las pasiones propias de la permanente contienda por mantener el respaldo de los electores.

En resumidas cuentas, si los poderes electos en las urnas tratan a través de sus mayorías, mediante el proceso legislativo, imponer condiciones desventajosas para las minorías, los jueces constitucionales deben actuar en consecuencia invalidando, a través de sentencias fundadas y motivadas, todo acto que contradiga el espíritu de la norma fundamental; este hecho para usted y para mí, estimado lector, cobra especial relevancia por los derechos humanos contenidos en los textos constitucionales.

Las garantías que tenemos los ciudadanos sobre nuestros derechos fundamentales son esencialmente las actuaciones de los tribunales constitucionales en contra de las autoridades que pretendan vulnerar el principio de legalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el tribunal en México que ejerce el control concentrado de constitucionalidad y a pesar de que en múltiples países del mundo occidental los tribunales constitucionales fueron concebidos y han evolucionado desde el siglo XIX, en nuestro país esta institución comenzó a operar hace 23 años, precisamente en la recta final del régimen hegemónico priísta en donde el Presidente ejercía un arbitraje político, sujeto a su estilo personal, por lo tanto carente de certidumbre para las partes y para todos los ciudadanos, especialmente cuando se trataba de temas trascendentales para el país.

No podemos revivir aquellos tiempos de incertidumbre jurídica general propia de los sistemas autoritarios y totalitarios. En la medida en que mantengamos la autonomía de nuestro tribunal constitucional fomentando la elección de perfiles independientes y con una formación técnica especializada en el texto constitucional estaremos cuidando nuestra democracia y los mecanismos para hacer valer nuestros derechos fundamentales con la certeza de que los jueces constitucionales resolverán mediante procesos lógico-jurídicos las controversias.

Basados en estas consideraciones los senadores elegimos por un amplio consenso a la jurista Yazmín Ezquivel Mossa como Ministra de la SCJN, conscientes de que tenemos que fortalecer nuestro sistema jurisdiccional procurando fomentar la confianza en el Poder Judicial que encabeza precisamente este Tribunal Constitucional.

La recién electa ministra de la SCJN tendrá en sus decisiones la enorme responsabilidad de orientar sus criterios jurisdiccionales hacia el respecto irrestricto de la democracia y los derechos humanos defendiendo su progresividad. Como ex magistrado puedo decir que no es fácil la tarea de un juzgador, pero es confortante saber que las decisiones jurisdiccionales son la base de la paz social y el libre desarrollo de la personalidad.

Éxito, ministra Ezquivel, su talento es esencial para consolidar, a través de la revisión constitucional, desde el alto cuerpo colegiado que ahora conforma; el régimen de libertades que tenemos los mexicanos. Ni un paso atrás en la defensa de los derechos adquiridos..

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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