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Opinión

Anarquía: lo opuesto al caos

Publicado

Jorge Albarrán, 70 KB, Anarquía
Reporte Nivel Uno

Pocas situaciones pueden ejemplificar con mayor claridad una auténtica anarquía como la organización ciudadana que se dio tras el sismo de la Ciudad de México. El anarquismo es una doctrina política que implica organizarse.

Dentro del viaje por las caóticas redes del pensamiento que ideó James Joyce en ese extraño libro llamado “Ulises”, durante el juicio a Leopoldo Bloom, el Guardia Segundo lo condena y aterrado  cuchichea: “Y de negro. Un anarquista“.

Con la aguda sátira que caracteriza la obra del irlandés, se vuelve visible el terror que provoca el concepto anarquía. La idea de un mundo sin reglas parece quemar en la complejidad de eso que llaman una buena moral; y luego, con el tiempo, se tergiversó el término hasta el punto que hay quienes consideran que el tenebroso atentado en contra de la comunidad musulmana en Nueva Zelanda del pasado 15 de marzo es un “acto anárquico”… ¡Habrase visto insolencia!, diría Mercedes Sosa.

En México, desde hace algunos años, todos aquellos que violentan cualquier manifestación social son, de inmediato, catalogados como anarquistas. Los que queman metrobuses, ¡anarquistas!; los que grafitean el patrimonio público, ¡anarquistas!; los grupos de choque que se enfrentan contra policías en medio de protestas pacíficas, ¡violentos radicales anarquistas!… ¿Y los que se organizaron sin necesidad de una forzada estructura jerárquica durante el sismo del 19 de septiembre?, esos no, esos no son anarquistas, porque vivimos en un mundo maniqueo donde los anarquistas son los malos y la gente del 19S son los buenos y pues no tienen nada que ver.

Pero, en realidad, pocas situaciones pueden ejemplificar con mayor claridad una auténtica anarquía como la organización ciudadana que se dio tras el sismo de la Ciudad de México. El anarquismo es una doctrina política que implica organizarse. Como movimiento intelectual surge en Europa, durante la segunda mitad del Siglo XIX, bajo la tutela de unos pensadores viejitos, medio calvos y muy barbones, como Pierre-Joseph Proudhon, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin, por mencionar algunos.

Quienes fundamentaron sus ideas en otra corriente conocida como materialismo histórico, la cual implicaba la ruptura definitiva con el cristianismo medieval y permitía entender que todas las personas estaban condicionadas por su entorno social (una cosa muy básica que también dio mucho miedo cuando la llamaron marxismo), y desde esta trinchera proclamaron que el ser humano tiene la capacidad de vivir en una sociedad armónica sin la necesidad de que alguien le imponga una autoridad. “Ni dios ni amo”, consignaron… y el mundo se estremeció y los condenó.

Sin amos, sin naciones y sin jerarquías hegemónicas, deja de tener sentido que se armen hasta los dientes en el nombre de la paz, deja de tener sentido que el beneficio de uno implique la miseria de otros… tal vez por eso la palabra da tanto miedo, porque la idea que encierra imposibilita que se cometan muchas de las atrocidades que al día de hoy seguimos viendo tan normales.

Una sociedad anárquica imposibilita la existencia de la trata de blancas que alimenta las lucrativas redes de prostitución; cancela la explotación laboral asiática y las guerrillas africanas en pro del consumo tecnológico occidental; el deterioro ambiental y la supremacía del hombre sobre la mujer.

A menor escala, en los vaivenes de la vida diaria, el anarquismo no se trata de sembrar el caos, vestir de negro y andar por la calle escuchando sonidos guturales; en realidad, es más cercano a la necesidad de buscarnos para aprender a organizarnos, reconocer nuestro rol como individuos en medio de una comunidad y desde ahí cumplir con nuestra responsabilidad en beneficio propio y del colectivo. Ser un anarquista se refiere a la compleja tarea de saludar a los vecinos, de tolerar a los otros, de tirar la basura en su lugar, ceder el paso, respetar una fila, un horario o un cajón de estacionamiento, en otras palabras, negar todo lo relacionado con la “picaresca mexicana”.

Una mera utopía tal vez, una forma de organización que se aleja con la eminente proliferación de los discursos de odio que comienzan desde la seguridad que da el estar detrás de una pantalla y explotan en las formas más cruentas de violencia, producto de la incapacidad de poder respetarnos o de menos tolerarnos.

Es en este mundo que no deja de hacer patente su forma más cruel, que algunos de estos viejos conceptos, con una esencia tan linda, deben volver a ponerse sobre la mesa, tal vez no para adecuarlos a la compleja estructura social que hemos construido, porque tal vez también los arruinaríamos y terminaría por volver a hacerse presente la necesidad humana de despreciar al Otro.

Aunque, al final, no perdemos nada con agregar a nuestras vidas una pizca de anarquía, puede que así dejemos de matarnos tanto.

Opinión

La Justicia para adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: ¿Cómo mejorarla?

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SCJN, 88 KB, Twitter, Justicia, Adolescentes

por José Ramón González

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no podemos darnos el lujo de estar ajenos ni ser indiferentes por mas memoranda que se emita, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar la evolución de su sistema jurídico, transitando del paradigma paleopositivista al Estado neoconstitucional o dicho de otra forma, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En el marco de este nuevo sistema jurídico que poco a poco y a pesar de la resistencia al cambio va sentando raíces en nuestro país y con el afán de cumplir como Estado los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño, suscrita desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, donde técnicamente se ubica aquella franja de la población que ronda entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma al artículo 18 de la Carta Magna del 12 de diciembre de 2005 implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los menores de edad como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado, que brinde a los niños, niñas y adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos, pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este último, como si se tratase de un modelo “a escala” del que se distinguiera si acaso en una aplicación de las penas más intensa, lo que constituye una seria deficiencia de apreciación, sobre todo teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor relevancia.

En tal sentido, es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al o la menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así estar en posibilidad de brindarle un tratamiento integral, tanto multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) como multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado constituye un elemento regulador sustancial en el por ser el encargado de la fase de ejecución de la sentencia, momento procesal en donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor, buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible, en ponderación –claro está- con el daño causado a la o las víctimas.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia actuando de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad.

Por desgracia, hasta el momento no se tiene conocimiento del tema se haya incluido dentro de las políticas, programas y acciones en materia de seguridad, a pesar de que en el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada su evidente importancia social por el alto porcentaje que ocupan dentro de la población, debe jugar un papel determinante si lo que verdaderamente se desea es reducir los índices de violencia, conseguir mejores condiciones de seguridad, convertir en actos concretos la justicia penal y contribuir de manera sustantiva al logro de la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

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