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Matan a pedradas a gay de 18 años; le marcaron “maricón” en la cara

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GUATEMALA.- José Roberto Díaz, quien era gay, fue asesinado el pasado 25 de marzo a los 18 años; sus atacantes lo torturaron y además lo marcaron con una navaja las palabras “morro”, “hueco” y “maricón“, para finalmente matarlo a pedradas.

Sus vecinos hallaron al joven en un terreno baldío de quien se dedicaba a ser maquillista y activista en una organización a favor de los derechos gay, Trabajadores Unidos por Huehuetenango, quien días antes había recibido amenazas y mensajes de odio.

Los asesinos se encargaron de dejar su huella en el rostro de la víctima: además lo marcaron con “18”, nombre de una pandilla que opera en Centroamérica.

De acuerdo con Gabriela Morale, integrante de Gente Positiva, se trató de un ataque de gran brutalidad y con mucha saña.

“Él era nuestro voluntario en Trabajando Unidos, participó de los últimos dos desfiles por la diversidad que se realizan en junio en la capital. Esto es un golpe bajo, pero, aunque con esto pretendan desarticularnos, nos estamos uniendo el doble, porque si van a tocar a una persona LGBTIQ, nos van a tocar a los más de 36 mil registrados sólo en la capital”, dijo Morale.

El joven gay gustaba de travestirse y trabajaba en una estética para mantenerse solo; sin embargo, la tragedia comenzó cuando ganó un concurso de belleza, ya que desde entonces sufrió homofobia como nunca antes.

“Él no era cualquiera, era una reina y como reina que es, quiero hacerle justicia”, aseguró su madre, quien exigió a las autoridades dar con los responsables de la muerte de su hijo.

ssc

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Cártel de Sinaloa amenaza con “masacrar como animales” a indígenas

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COLOMBIA.- El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en Colombia, denunció este viernes que algunos de sus líderes han recibido amenazas por parte del Cártel de Sinaloa, que, según aseguró el organismo, tiene alianzas con las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El CRIC detalló en un comunicado que “la amenaza proveniente del Cártel de Sinaloa” se ha dado en las redes sociales, donde “advierten a la guardia que de no parar el control territorial van a masacrarlos como animales”. La guardia indígena es la estructura que defiende el territorio, la autonomía y la cultura de los pueblos nativos.

De igual forma el consejo, que representa a los indígenas de 10 comunidades del departamento colombiano del Cauca (suroeste), manifestó que las Águilas Negras, un grupo heredero del paramilitarismo, les hizo llegar un panfleto amenazante el pasado 20 de mayo.

“Denunciamos de manera contundente ante la comunidad Nacional e Internacional las continuas y sistemáticas amenazas en contra de quienes le apuestan a la paz, de las que vienen siendo objeto las autoridades y la guardia indígena en el norte del Cauca al igual que las comunidades campesinas quienes buscan el buen vivir para la sociedad colombiana”, agregó la información.

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Es por ello que el CRIC hizo un llamado a la oficina de la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, entre otros organismos, para que “hagan control” sobre esta situación.

El pasado 8 de julio, los coordinadores del CRIC denunciaron que también recibieron amenazas de muerte por parte de las disidencias de las FARC al parecer por las acciones que han llevado a cabo para impedir el accionar de ese grupo armado. En Colombia al menos 462 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, un estudio de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica sostiene que ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz con la antigua guerrilla.

Frente a estos hechos también se ha pronunciado la ONG Somos Defensores, según la cual los asesinatos de defensores aumentaron casi un 50% en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen.

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