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Peña Nieto ya no puede ser castigado por corrupción de Odebrecth

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MÉXICO.- De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE, antes FEPADE), formalmente no hay delito que perseguir por el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, pues estos ilícitos ya han prescrito.

La fiscalía investigaba a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por estos hechos. Además del coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, también se investigaba a la hoy senadora Nuvia Mayorga Delgado, quien encabezó la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político del PRI.

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El pasado 3 de junio el fiscal Valdemar González Ramírez, entregó al juez federal Luz María Ortega Tlapa un acuerdo en el cual se indica “la prescripción de la acción penal respecto de las conductas señaladas como probablemente constitutivas de algún delito electoral, de los previstos y sancionados en los artículos 407 y 412 del Código Penal Federal, que pudieron haberse suscitado con motivo del proceso electoral 2011-2012″.

La FEDE comenzó a investigar el Caso Odebrecht por una denuncia hecha por el PRD el 16 de agosto de 2017, tras la divulgación de los testimonios de ex directivos de la empresa brasileña, quienes afirmaron haber sobornado a Lozoya Austin.

De acuerdo con el papel firmado por el fiscal González, hoy se sabe que dichos pagos ilícitos fueron por un total de 12 millones 856 mil 433 dólares, de los cuales 7 millones 856 mil 433 dólares se depositaron entre el 20 de abril y el 27 de noviembre de 2012; el resto, 5 millones de dólares, del 3 de diciembre de 2013 al 17 de marzo de 2014.

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La primera parte se entregó para la campaña de Peña Nieto y el resto se presume fue a cambio de los contratos de la refinería de Pemex en Tula, Hidalgo.

El Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenó a la FEDE el pasado 30 de mayor resolver la carpeta de investigación que se inició por estos delitos electorales.

Sobre la prescripción, el tribunal instruyó a la Fiscalía contar el plazo a partir del 20 de abril de 2012, cuando Odebrecht supuestamente realizó el primer depósito por 250 mil dólares a una empresa offshore que estaría ligada a Emilio Lozoya.

Cumpliendo dicho mandato, el 3 de junio la FEDE determinó que, debido a que el plazo de prescripción de los delitos investigados es de cinco años, las conductas penales de 2012 habían prescrito, por lo que ya no pueden ser castigadas.

ssc

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FGR pide a juez ratificar encarcelamiento de Rosario Robles

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Foto: Especial.

MÉXICO.- A unas horas de que se determine si Rosario Robles llevará o no su proceso en libertad, la Fiscalía General de la República (FGR) dijo que el juez debe ratificarle la prisión preventiva justificada porque esta medida impide el encubrimiento y la impunidad.

La dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero dijo que existen elementos que obligan al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna a negarle la libertad provisional a la ex funcionaria y el principal es que ella mintió sobre su verdadero domicilio.

Lo anterior, porque la ex funcionaria manifestó vivir en una casa de Coyoacán desde hace más de dos décadas y la FGR señaló que existe una licencia de conducir tramitada recientemente con otra dirección, documento que la defensa de la imputada afirma que es falso.

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“Cuando ese imputado ha declarado falsamente ante un Juez Federal, que ha habitado los últimos veintidós años de su vida en un domicilio, y con pruebas públicas irrefutables se demuestra que esa afirmación es falsa, el peligro de sustracción y la necesidad de la prisión preventiva es justificada y obligatoria por ministerio de ley”, expuso en un comunicado.

“Si, además en este caso, el máximo de la pena de los delitos patrimoniales que más han agraviado a la población más necesitada de esta nación es de 21años; todos estos elementos obligan a ratificar la decisión del Juez que determinó la prisión preventiva justificada, la cual está impidiendo el encubrimiento y la impunidad de quienes posiblemente se coludieron en esta maquinación”.

La Fiscalía dio a conocer su postura, luego de que esta mañana un tribunal federal diera un plazo de 48 horas al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para determinar de nueva cuenta si Robles debe continuar en prisión o llevar en libertad su proceso por ejercicio indebido del servicio público.

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Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, resolvió que debe reponerse en una audiencia el procedimiento mediante el cual se determinó la medida cautelar a la ex funcionaria, pues Delgadillo no analizó que fuera idónea, proporcional y menos lesiva la prisión preventiva justificada impuesta.

En su comunicado, la FGR afirmó que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la falsedad de un imputado, al señalar su domicilio, constituye una presunción de riesgo de fuga y, por lo tanto, procede la prisión preventiva justificada.

En las últimas semanas, la defensa legal de Robles ha acusado que el juez la sometió a la prisión preventiva justificada con base en una licencia de conducir falsa que ella no tramitó y que fue emitida con una fotografía tomada de internet.

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La existencia de este documento de identidad aparece señalado en un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano de inteligencia de la FGR, en el cual se basó el juez Delgadillo para enviar a Robles a Santa Martha.

“Sobre este tema, los litigantes en el asunto han declarado falsamente y de manera constante ante los medios, descalificando dolosamente los documentos legales; ratificando también las declaraciones falsas del imputado; ante todo lo cual el silencio no debe mantenerse y, por ello, se informa sobre este particular”, respondió la Fiscalía.

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