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Gracias a iniciativa, se podría prohibir corridas de toros en todo México

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MÉXICO.- La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados analiza presentar una iniciativa de reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, para prohibir las corridas de toros porque “es un espectáculo de violencia y desprecio hacia animales”, argumentaron.

La diputada federal del partido Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano Mac Donald, presentó la propuesta correspondiente “que responde a la falta de una normatividad adecuada que proteja a los toros”.

Asimismo, señaló que con la iniciativa se pretende tomar en cuenta la demanda social para erradicar “este tipo de costumbres crueles que causan dolor innecesario a los bovinos, utilizados para eventos relacionados con la llamada fiesta brava”.

“Aunque algunas personas creen que la tauromaquia es tradición y cultura, no puede ser considerada así porque no cultiva el espíritu ni las facultades intelectuales de quienes las practican, ni mucho menos de los que la frecuentan”.

Pilar Lozano Mac Donald También refirió que se trata de eventos que violan los derechos de la sociedad al no procurar un medio ambiente sano, “porque a los espectadores se les incentiva a permanecer indiferentes ante el sufrimiento de un ser vivo”.

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Las corridas de toros están prohibidas en la mayor parte del mundo y sólo siguen permitidas en ocho países: España, México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Francia y Portugal.

En el caso de México únicamente Sonora, Guerrero y Coahuila han prohibido los eventos taurinos, mientras que en Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas se le considera un bien cultural y material.

“Esta división de criterios deja ver la carencia de una adecuada educación a nivel nacional, en el sentido de que los animales también son susceptibles de gozar de protección jurídica”, finalizó.

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Morena sepultó la reforma educativa de Peña Nieto por completo

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Foto: Cuartoscuro.

MÉXICO.- El pleno de la Cámara de Diputados avaló, con la mayoría de Morena y sus aliados, las tres leyes secundarias de la reforma educativa, con las que se concede a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decisión sobre las plazas docentes y pase automático a éstas para los normalistas, con lo que aseguraron que “no quedó ni una coma” de la reforma de Enrique Peña Nieto.

Hasta la medianoche, los diputados federales habían aprobado la Ley General de Educación, que incluye la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (Inifed), y estaban por avalar la Ley de Mejora Continua de la Educación y del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, que se irían al Senado de la República para su análisis.

Las tres leyes secundarias recibieron el respaldo de la Cuarta Transformación legislativa, integrada por Morena, PT y PES; sin embargo, los partidos de oposición —PAN, PRI, MC y PRD— trataron de impedir su aprobación a toda costa, incluso con la toma de tribuna y la presentación de mociones suspensivas, pero todo fue inútil, debido a la mayoría del partido en el gobierno.

La oposición argumentó que era ilegal la aprobación de estos dictámenes, pues no se les dio el tiempo necesario para su análisis y se dio avaló vía fast-track.

En la presentación de las leyes, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), aseguró que con estas aprobaciones caería “de manera completa y plena, la reforma educativa de 2013 [de Enrique Peña Nieto]”, la que calificó de “impuesta y violenta”.

Ayer, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) rechazó que Morena en la Cámara de Diputados apruebe en las leyes secundarias de la reforma educativa otorgar plazas automáticas y que sean financiadas por los gobiernos estatales: “La CNTE no debe dictar la política educativa del país”, dijeron y señalaron que es “preocupante” que el dictamen plantee que egresados de las normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización tengan en automático una plaza.

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Las plazas y el pase automático. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP) instalará una mesa de diálogo entre las autoridades educativas locales y los sindicatos de profesores para asignar las plazas docentes.

En esta misma ley se eliminan los exámenes de diagnóstico para acceder a una plaza y mantenerse en ella, y se le dará preferencia a los egresados de escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio para tener una plaza en el Servicio Público Educativo.

También se elimina la evaluación diagnóstica para obtener becas para estudiar una maestría o doctorado en instituciones de educación superior y ahora podrán solicitarlas con sólo tener tres años de servicio.

La nueva legislación. La Ley General de Educación busca establecer los principios rectores de la educación en México, así como la doctrina de la nueva escuela mexicana, y que los planes de estudio, aunque serán dictados por la SEP, ésta deberá tomar en cuenta las recomendaciones de la autoridad educativa local, de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación; y las observaciones de maestros y alumnos. Con la aprobación de esa ley también desapareció el Inifed, órgano encargado de construir y rehabilitar las escuelas en todo el país. La nueva legislación establece que la SEP operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura.

Los que estarán a cargo de la construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de escuelas serán autoridades educativas locales y comités escolares, integrados por padres de familia y maestros.

Sin embargo, la norma no establece un criterio para otorgar los recursos para que los padres de familia y maestros construyan en las escuelas, y tampoco detalla si deben ser asesorados por algún especialista.

El órgano de evaluación. Con la ley regulatoria del artículo tercero constitucional, se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que sustituirá al ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La comisión coordinará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que a su vez tendrá un comité integrado por el titular de la SEP y una junta que tendrá representación de otras secretarías de Estado, como de la Función Pública, Hacienda y de las comisiones de educación de ambas cámaras del Congreso. La norma incluye que las evaluaciones diagnósticas “en ningún caso tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y los maestros”.

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