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Tortura es herencia de gobiernos del pasado, afirma Gobernación

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La práctica de la tortura es una de las más terribles herencias de los gobiernos pasados, por lo que el momento histórico que vive el país exige reconocer a las víctimas, reparar el daño y garantizar su acceso a la justicia, señaló la Secretaría de Gobernación (Segob).

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la dependencia sostuvo que la erradicación de la tortura es un compromiso de la justicia transicional que implica determinar la responsabilidad penal, buscar la verdad, llevar a cabo la reparación del daño a las víctimas y garantizar la no repetición.

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En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, mencionó que entre las acciones prioritarias está el cumplir con la obligación que tiene el Estado de no tolerar los atropellos impunes desde el poder en contra de la ciudadanía.

Recordó mediante un comunicado que se han realizado mesas de trabajo con la Fiscalía General de la República para elaborar el primer Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Explicó que el documento pretende cambios más relevantes para la debida atención, esmero y consideración por parte del Estado mexicano a uno de los flagelos más recurrentes de los últimos años.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración aclaró que el Programa Nacional no sólo debe configurarse como un instrumento político, sino como un plan en el cual se garantice la total erradicación de la tortura, toda vez que el compromiso de la administración federal es que no existan más personas víctimas este delito.

“Este día es un duro recordatorio del tormento continuo que miles de personas sufren. La tortura es un acto injustificable, una violación tan grave que impacta a las víctimas directas y a sus familias”, puntualizó.

Notimex/ssc

Política

Gente de Peña Nieto ha estado espiando a funcionarios de López Obrador

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Foto: Especial.

MÉXICO.-  El gobierno de Andrés Manuel López Obrador detectó una red que espiaba a más de 300 funcionarios, empresarios, ministros, delegados y legisladores desde un centro privado de inteligencia, que estaba ubicado en un edificio de Santa Fe.

A través de una denuncia anónima, que fue enviada el pasado 18 de septiembre a diferentes dependencias del gobierno federal, se advertía que se ofrecía información de varios personajes de alto perfil público a cambio de 100 mil y hasta 1.5 millones de pesos.

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Mientras tanto, el diario Reforma, cita un reporte donde señala como responsables de la red de espionaje a personajes ligados a Enrique Peña Nieto como el exitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Alberto Bazbaz, junto a Alfredo Castillo Cervantes, exprocurador del Estado de México y extitular de la Conade.

Otro personaje que vinculado a la red de espionaje a funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es Walter Meade, primo del excandidato del PRI a  la presidencia, José Antonio Meade; este personaje trabajó para José Susumo Azano, un exproveedor de equipos de inteligencia para el Ejército.

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Reforma menciona que fuentes oficiales del gobierno confirmaron la validez de la denuncia, revelando además que la investigación sigue en curso, así como el decomiso de equipo y archivos con llamadas telefónicas.

Una de las oficinas fue ubicada en el piso 35 de la Torre Impulso, en la avenida Santa Fe 443.

La denuncia sobre la red de espionaje fue enviada a las secretarías de Gobernación, Hacienda, la UIF, así como a la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los personajes ligados a López Obrador que fueron espiados aparecen su esposa, Beatriz Gutiérrez; la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y Octavio Romero, director de Pemex.

ssc

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