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AMLO: Entre la espada (arancelaria) y la pared (migratoria)

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Desde octubre de 2018, México atraviesa una crisis migratoria sin precedentes en su historia como puente entre Centroamérica y Estados Unidos. A la par, los norteamericanos amagaron con tomar severas medidas comerciales que causarían gran daño a la economía nacional. El dilema, pues, ha colocado a la 4T entre la espada y la pared.

| Santiago I. Soriano Condado

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Una encuesta de El Financiero revela que los mexicanos han adoptado una actitud por demás xenófoba. Un 63 por ciento de los encuestados manifestó su abierto apoyo a que el gobierno de AMLO le cierre la frontera a los migrantes centroamericanos que buscan pasar por México hacia Estados Unidos.

El rechazo se acentuó desde que Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas en su país, lo cual provocó una negociación que desembocó en un plan migratorio que, aunque tiene el respaldo popular y en el discurso se ha buscado legitimar ante la opinión pública, evidencia el drama de un fenómeno mundial como lo es la migración.

Números del Centro de Análisis de Datos sobre la Migración Mundial 2018, de las Naciones Unidas, destacan que en todo el mundo hay 258 millones de migrantes internacionales. De este universo, 150 millones son trabajadores; 25.4 millones son refugiados registrados y 36.1 millones son niños.

Del total, un 26 por ciento de la población migrante está acogida en América, sólo por detrás de Asia (31 por ciento) y Europa (30 por ciento).

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En lo que a Centroamérica respecta, el flujo migratorio ha ido en aumento y esto provocó a Trump.

De acuerdo con la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en San José, Costa Rica, durante el primer trimestre de 2018 países como Guatemala, Honduras tuvieron un repunte en el número de nacionales que fueron presentados ante autoridades migratorias mexicanas, en comparación a 2017.

En el caso específico de guatemaltecos y hondureños el número se incrementó 67 y 82.3 por ciento respectivamente.

En total, de enero a marzo de 2017, 20 mil 010 migrantes centroamericanos fueron presentados; en enero a marzo de 2018, la cifra fue total fue de 30 mil 423.

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La situación en verdad se volvió apremiante en octubre de 2018, cuando las caravanas migrantes hicieron su irrupción de forma mediática, mas no histórica, pues mucho antes de que se robaran las cámaras por la forma en que rompieron cercos e ingresaron al país desesperadamente, ya cruzaban por México rumbo a Estados Unidos.

Ese momento coincide con el aumento del rechazo de los mexicanos a los migrantes centroamericanos, lo cual responde a la exposición en medios de las imágenes violentas.

El llamado del presidente, sin eco

En reiteradas ocasiones, AMLO ha tomado la plaza pública para desde ahí llamar a los mexicanos para que reciban y abracen a los migrantes centroamericanos, pero el discurso de rechazo no ha cesado.

Comentarios en redes sociales, pláticas casuales e incluso en el argumento de la oposición al gobierno federal, muestran un inequívoco tufo de xenofobia.

“Primero que apoyen a los mexicanos”, se escucha y lee cuando se publican noticias de los planes del gobierno federal.

Tras el anuncio del pasado 20 de junio, cuando AMLO y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaron una inversión de 30 millones de dólares para mitigar las causas socioeconómicas de la migración, la oposición reprochó que el gobierno de México entregue recursos a Centroamérica, mientras se los retira a planes como las estancias infantiles o al sector salud, bajo el precepto de la austeridad republicana.

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Pese a ello, el mandatario nacional ha insistido en que es anticristiano rechazar a los que por necesidad salen de su país buscando un futuro menos desolador. Pero de nada ha servido el llamado, pues nadie lo ha atendido.

En la ya citada encuesta del Financiero, al 63 por ciento que apoya cerrar definitivamente la frontera, se suma otro segmento del 60 por ciento que cree que el gobierno de AMLO no debe aceptar a los migrantes centroamericanos que lleguen a la frontera norte y que permanezcan en nuestro país hasta que se resuelvan sus peticiones de asilo en Estados Unidos.

Se sienten más seguros en México

La Guardia Nacional, el cuerpo policiaco creado por AMLO para combatir la inseguridad en México, tiene desplegados 6 mil 300 elementos para apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM) en la contención del flujo migratorio en 23 municipios de la frontera sur.

Pese a que esta medida es para evitar represalias comerciales con Estados Unidos y, en palabras del canciller Marcelo Ebrard, una medida prevista por la ley mexicana, pues no se le puede permitir el paso a nadie sin saber quién es y a dónde va, ha encendido las alarmas de las organizaciones pro migrantes y las comisiones de Derechos Humanos tanto nacionales como regionales.

Los elementos militares están desplegados en 23 municipios de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que colindan con Guatemala y Belice.

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“La Guardia Nacional trabajará con las autoridades migratorias para atender a los extranjeros desde un enfoque de protección a los derechos humanos”, ha dicho el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como una promesa implícita de que no habrán abusos, ni malos tratos para quienes crucen hacia Estados Unidos.

Especialmente cuando los migrantes también padecen robos, extorsiones, secuestros e incluso hasta la muerte por parte de autoridades y el crimen organizado.

Pese a ello, los testimonios de los que no logran pasar a EUA indican que se sienten más seguros en territorio mexicano que en sus países de origen.

Guatemala, Honduras y El Salvador conforman la zona geográfica conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, y solamente en 2018, entre los tres, sumaron más de 9 mil homicidios dolosos.

En 2018, México sumó el año más violento de su historia con 34 mil 202 personas asesinadas.

Sí, aquí se sienten más seguros.

El inevitable efecto dominó

El nuevo endurecimiento de la crisis migratoria en México representará un reto para los países de origen de los migrantes, dando pie así una crisis regional de alto impacto.

Así lo asume el director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras, Rolando Sierra Fonseca, quien afirma que la posición de nuestro país ante la amenaza de Trump generará que aumente el número de migrantes retornados.

Tal situación ocasionará una nueva tensión al gobierno de Honduras (y a las de todos los países centroamericanos que expulsan migrantes), pues representará el reto de reinsertarlos en sus comunidades, las mismas de las que salieron para buscar una vida mejor.

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A ello también se debe sumar que el plan migratorio mexicano hará que se incrementen los conflictos fronterizos, pues hasta ahí llegarán personas no solamente personas del Triángulo Norte de Centroamérica, sino de otros países de América, Asia y África.

El reto de AMLO, el canciller Ebrard y todas las autoridades inmiscuidas en el plan migratorio es, por una parte estar pendiente del capricho de un Donald Trump que ya está en campaña de reelección y por el otro, contener el flujo migratorio, ya sea cerrándoles el paso o permitiendo que se queden en México, con todo el costo social, político y económico que eso conlleva.

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AMLO y la 4T: A legitimar el combate a la corrupción

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Con el arranque de la Cuarta Transformación se esperaba la caída de “peces gordos” para legitimar el combate a la corrupción que durante años el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pregonado. Para algunos, tardó en llegar, pero por fin van tras uno: Emilio Lozoya Austin, director de Pemex en tiempos de Peña Nieto. ¿Será este el primero en una lista que hace tiempo espera irse tachando?

Fue uno de los colaboradores más cercanos de Enrique Peña Nieto durante su sexenio, lo cual se pudo prever desde que lo incluyó en su campaña presidencial como coordinador de Vinculación Internacional, lo cual le obligó a dejar su puesto en el Consejo de Administración y Comité de Autoría de OHL México.

Luego, con el triunfo del mexiquense, apenas unos días después de su toma de protesta, el 4 de diciembre de 2012, Emilio Lozoya Austin se convirtió en director general de Pemex.

38 meses después, el 8 de febrero de 2016, fue sustituido por José Antonio González Anaya en el puesto.

Su nombre, desde que comenzó a ser parte del ojo público, ha estado vinculado al escándalo, siendo el más notorio el caso Odebrecht.

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La firma brasileña habría pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a Lozoya para inyectarse a la campaña presidencial del PRI en 2012. Esto le mantiene hasta la fecha carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fepade.

En cada señalamiento, Lozoya Austin se ha declarado inocente y víctima de una persecución sin sentido.

También fue acusado de haber sido un pilar fundamental en la asignación de contratos a la empresa OHL, al servir como intermediario y benefactor tras haber sido su trabajador. Lo negó todo.

Lo mismo sucedió en abril de 2016, cuando se le nombró en los Panama Papers, donde fue ligado al despacho panameño Mossack Fonseca, al cual habría buscado para la creación de una empresa offshore en Dubái.

A pesar de los múltiples señalamientos se mantuvo tranquilo durante el peñismo, hasta el 22 de mayo de 2019, cuando al Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó 10 años de cualquier ejercicio público por falsear su declaración patrimonial.

Pero esa fue solamente la punta del iceberg. En cuestión de días, Emilio Lozoya Austin se convirtió en un prófugo de la justicia.

No es por el caso Odebrecht: FGR

El siguiente paso en el hundimiento del ex director de Pemex fue el congelamiento de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en donde está un viejo conocido de Lozoya: Santiago Nieto Castillo, quien en 2017 destapó su vínculo con Odebrecht, cuando era fiscal electoral.

Lo que se veía venir terminó por confirmarse: un juez federal giró una orden de aprehensión contra Lozoya Austin al igual que el dueño de la empresa Altos Hornos de México, Alonso Ancira, quien fue detenido casi de inmediato en Mallorca, España.

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Se pensaba que todo era por el caso Odebrecht, hasta que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, lo desmintió. Esto quiere decir que ese tema todavía queda pendiente.

“El tema de Odebrecht no tuvo nada que ver”, en las órdenes de captura de Ancira y Lozoya, dijo el fiscal, quien también explicó que al ex directivo de la petrolera nacional se le señala por el presunto “uso de fondos a través del sistema financiero que son de carácter ilícito para beneficio propio o de terceros”.

También aseguró que fue el propio Pemex quien en marzo pasado presentó la acusación, misma que fue sustentada mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

En realidad todo se deriva de la compra-venta de una planta de fertilizantes, operación llevada a cabo entre Pemex y Altos Hornos de México, entre Lozoya y Ancira.

Agronitrogenados, el acabose de Lozoya

En febrero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la compra de la planta de Agronitrogenados, a través de Pro Agroindustria, una empresa de Pemex, en diciembre de 2013, tuvo un sobreprecio de casi 500 millones de dólares, ya que más de la mitad de la planta ya no servía.

Un 60 por ciento de las instalaciones eran inservibles y deberían ser cambiadas; según los vendedores, no se llevó a cabo una evaluación de las condiciones de la planta previo a su venta, ya que supuestamente se perderían las garantías… aunque llevaba 14 años sin operar.

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Después, una segunda auditoría, ahora sobre la rehabilitación de la plana, concluyó que PMI Comercio Internacional no cumplió con las disposiciones legales y normativas que aplicaban para el trabajo.

Entre las muchas irregularidades detectadas, la ASF halló deficiencias en la evaluación de las propuestas, falta de control de presupuesto, al igual que de los tiempos fijados en el contrato de rehabilitación y falta de experiencia de la empresa que se creó para la producción de fertilizantes.

Se redujeron metas, pero se aumentó la cantidad contratada sin justificación, a la vez que no se sumó tecnología nueva; tampoco se justificaron los aumentos de costos, ni tampoco se especificó las responsabilidades de las partes. No hubo permisos ambientales, ni se pudo demostrar el cumplimiento de certidumbre adecuado.

De acuerdo con un análisis a la cuenta pública de 015, la inversión inicial para comprar la planta era de 275 millones de dólares, a lo cual debieron sumarse 200 millones más para obras de rehabilitación, dando un total de 475 millones.

Pero en agosto de 2015, PMI Holdings autorizó aumentar en 142.5 por ciento el monto, es decir 285 millones de dólares más, llevando así la transacción final hasta los 760 millones.

Al respecto, el abogado de Lozoya Austin, ya en 2019, inhabilitado, con cuentas congeladas y una orden de aprehensión en su contra, asegura que su cliente “no firmó el contrato de Agronitrogenados”.

“Peña Nieto sabía”: el abogado

Desde la primera “bomba” que tronó, quien siempre ha estado junto a Lozoya es su abogado, Javier Coello.

Tras saberse que había orden de aprehensión contra su defendido, el litigante concedió una entrevista televisiva donde aseguró que para aclarar el caso, citaría al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Yo citaría al presidente Peña Nieto, que declare porque no se movía una sola hoja si no era por instrucciones del presidente”, sentenció tajante.

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Pero no se detuvo ahí. También cuestionó que las autoridades federales no estén también buscando a otros funcionarios que eran parte del consejo de la filial de Pemex que concretó la compra de la planta de fertilizantes.

Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía o Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, fueron dos nombres más que el abogado de Lozoya sugirió como investigables.

Entró a su casa, ya no salió… y no lo encontraron

Lomas de Bezares. Ahí es donde Emilio Lozoya vive… o vivía. Una lujosa propiedad de 38 millones de pesos que adquirió, según una investigación de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI), con un soborno pagado por Odebrecht.

El 26 de mayo, el ex directivo entró a su casa, según el reporte de dos policía ministeriales, quien también indicaron que ya no lo vieron salir del inmueble.

Los agentes Carlos Mancillas y Cuauhtémoc Maldonado, según su propio parte policial, fueron el lunes al fraccionamiento en que está el hogar del ahora prófugo de la ley.

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Ahí, los recibió el vigilante en turno del lugar, Juventino Rosas, quien les confirmó que Emilio Lozoya sí vivía ahí, pero que no podía autorizarles el paso. Por ello montaron una vigilancia permanente en las afueras del lugar.

Sin embargo, fue hasta el martes cuando obtuvieron la orden de cateo para entrar a la casa de Lozoya… pero cuando lo hicieron ya no estaba. Se les escapó, de alguna forma, en la cara.

Buscado en 190 países… y amparos a su familia

La Fiscalía General solicitó a la Interpol que emitiera la ficha roja en contra del ahora prófugo, por lo que desde que se emitió la misma Emilio Lozoya es buscado en más de 190 países en el mundo.

Sin embargo, antes de que no se supiera dónde está, Emilio Lozoya consiguió un amparo contra la orden de aprehensión que se giró en su contra, aunque en caso de que se le acuse de delitos con prisión preventiva oficiosa, de nada serviría.

A este recurso legal, se sumaron Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, esposa y hermana del ex director de Pemex, quienes también evitarían la captura solamente si no se les acusa de delitos graves. A ambas, como a su familiar, se les congelaron sus cuentas bancarias.

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Las dos mujeres indicaron que la jueza de control María Elena Cardona Ramos, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Sur, giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que el juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erix Zabalgoitia Novales, les concedió la medida cautelar.

Otros familiares que también buscaron protección con un amparo fueron Gilda Margarita Austin y Solís de Lozoya, y Juan Jesús Lozoya Austin, madre y hermano del ahora buscado.

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