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Diputadas de Morena proponen legalizar el aborto en Edomex

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Foto: Especial.

ESTADO DE MÉXICO.- Diputadas de Morena presentaron este martes una iniciativa de reformas al Código Penal mexiquense y al Código Administrativo de la entidad, encaminadas a despenalizar el aborto en el Estado de México y a facultar y facilitar a las instituciones de salud de la entidad la posibilidad de aplicarlo antes de las 12 de semanas de gestación.

La iniciativa, que será analizada y discutida en comisiones en el Congreso mexiquense, se presenta justo cuando la Legislatura del estado, –controlada por una mayoría de Morena, PT y PES– se encuentra a unos días de aprobar la regulación de los matrimonios igualitarios, tras más de cinco años de debate en la entidad.

Las legisladoras Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez, que encabezan la propuesta, exigieron que la iniciativa se le dé un trámite inmediato en el Congreso local para que se pueda analizar y dictaminar lo antes posible en comisiones y ésta no termine en la congeladora como ya ha sucedido con otras propuestas polémicas.

Justificaron la urgencia de regular la interrupción del embarazo en el Estado de México, pues se estima que cada año son más de 56 mil mexiquenses las que acuden a la Ciudad de México a practicarse de manera legal y asistida el aborto, además de otro tanto que acude a sitios clandestinos poniendo en riesgo su vida.

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En la actualidad, el Código Penal del estado, en su artículo 248, sanciona de uno a cinco años de prisión, “al que provoque la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino, con consentimiento de la mujer”; de tres a ocho años a quien lo realice sin el consentimiento de la mujer y los que empleen violencia física para ejecutarlo.

No es punible cuando la muerte del producto es resultado de una acción culposa de la mujer; el embarazo es resultado de violación; pone en peligro de muerte y cuando a juicio de dos médicos exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas y congénitas.

La propuesta señala que comete el delito de aborto: “La mujer que interrumpa su embarazo después de la décima segunda semana de gestación o que consienta que otra persona la haga abortar una vez transcurrida dicha semana. La sanción prevista es de seis meses a un año de prisión, conmutables: a quien interrumpa el embarazo después de las 12 semanas sin el consentimiento de la mujer embarazada, se le impondrán de seis meses a un año de prisión y a quien interrumpa el embarazo sin consentimiento de la mujer, en cualquier momento de la gestación, se le impondrán de tres a seis años de prisión. Si además mediare violencia física o moral, se le impondrán de seis a ocho años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa”.

Se aclara que el delito de aborto únicamente se sancionará cuando éste se haya consumado.

Se advierte que son excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto: cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea resultado de una violación; cuando de no realizarse el aborto corra peligro la vida de la mujer y cuando a juicio de un médico especialista exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas.

En las reformas al Código Administrativo, se propone adicionar una fracción 12 al artículo 2.21 que obligue a las autoridades mexiquenses a implementar políticas públicas para el fomento de la maternidad y la paternidad responsables, con base en información científica, veraz y objetiva, a efecto de prevenir los embarazos no planeados y no deseados, garantizando el suministro gratuito de métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas y una fracción 20 al artículo 2.22 bis, en donde se señala que el Sistema Estatal de Salud deberá prestar el servicio de interrupción legal del embarazo, en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de México, de forma gratuita y en condiciones de calidad darán acompañamiento psicológico y médico antes de la intervención y posterior, cuando la mujer interesada así lo solicite. Cuando la mujer decida practicarse la interrupción legal de su embarazo, la institución deberá efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir del siguiente a que sea presentada la solicitud, y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.

También se estipula la obligación a la Secretaría de Educación a incluir en planes de estudio programas encaminados a una orientación y educación sexual para alumnos de secundaria y bachillerato.

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Captan cámaras C5 a delincuente que cometía asaltos con lujo de violencia

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TOLUCA.- Derivado de una alerta emitida por el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), elementos de la Secretaría de Seguridad localizaron un vehículo que fue utilizado como móvil en el robo a negocio con violencia.

De acuerdo con el reporte, el pasado 01 de diciembre del año en curso un automotor marca Suzuki, tipo Ciaz, color blanco, fue ocupado durante el atraco a un negocio ubicado sobre la calle Pino Suárez, esquina con calle Plan de Ayala en la colonia La Magdalena.

Por este motivo se efectuaron patrullajes virtuales, que derivaron en la ubicación de la unidad en su paso por un arco carretero; enseguida, se efectuó el seguimiento con las cámaras de videovigilancia instaladas en territorio estatal, por lo que se informó a efectivos en campo la ruta en tiempo real.

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Tras el despliegue territorial fue posible dar alcance al automotor sobre la avenida José López Portillo, en San Nicolás Tolentino de este municipio, donde a través de comandos verbales marcaron el alto al conductor identificado como Leonardo David “N” de 24 años de edad, quien hizo caso omiso a las indicaciones.

Tras la aprehensión del sujeto, este ofreció dinero a los uniformados de la Policía Estatal para evitar su detención; acorde al protocolo de actuación y luego de dar lectura a los derechos que la ley le otorga, fue trasladado junto con el automóvil a la Agencia del Ministerio Público para definir su situación jurídica por el delito de cohecho y los que resulten.

JRS
Pedro Guerra Maccise sub </ >

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