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Seguridad y Justicia

En juicio de García Luna van por Salinas de Gortari, no por Felipe Calderón

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Foto: Especial

MÉXICO.- Si las autoridades de Estados Unidos buscan atrapar a un “pez gordo” a través del juicio a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón, ese no sería el ex presidente de extracción panista, sino Carlos Salinas de Gortari.

Así lo afirmó la periodista Anabel Hernández en el programa ‘Los Periodistas’, de la cadena La Octava, donde reveló que según sus fuentes, García Luna y el mandatario durante el periodo 1988-1994 sostenían encuentros privados en la residencia de este último, cuando el denominado “super policía” trabajaba para Calderón Hinojosa.

Entonces, si García Luna buscara que su posible condena no fuera tan dura como se esperaría, “tendría que dar el nombre de peces más gordos”, consideró Hernández.

“Nombre más grande que García Luna, sólo un ex presidente (…) García Luna visitaba la residencia de Salinas de Gortari, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón”, dijo Anabel Hernández.

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Si esto llegara a suceder, dijo, estaríamos “hablando ya de otros niveles de corrupción, de cosas mucho más importantes”.

Con base en la investigación que realizó para su libro ‘Los Señores del Narco’, Hernández afirmó que desde hace 10 años se tienen indicios de que García Luna habría trabajado para el Cártel de Sinaloa, prueba de ello, dijo, es la protección que por años tuvo Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, impidiendo su detención.

“Esa es la llave secreta del proceso judicial que se está llevando a cabo en Nueva York contra Genaro García Luna”, refiriéndose a la posibilidad de que vayan tras Salinas de Gortari.

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La periodista explicó que proteger a García Luna era proteger al cartel, pues incluso hubo titulares de la DEA que durante el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, eran parte del plan para proteger al extitular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y al Cártel de Sinaloa.

En ese sentido, Hernández expresó su curiosidad por saber si los acuerdos de protección entre García Luna y las autoridades estadounidenses ya se terminaron como para ahora pensar en ir tras Salinas de Gortari.

Al respecto, señaló que la investigación contra García Luna empezó al menos desde 2014 y tomó mayor impulso cuando Iván Reyes Arzate, ex colaborador de García Luna y antiguo comandante de la Policía Federal, fue detenido en Texas y comenzó a dar información relacionada con los sobornos que el ex secretario de Seguridad Pública recibía por parte de los cárteles de la droga.

La también escritora dijo que desde la detención de García Luna hay varios personajes “de buen nivel” que se sienten en peligro con lo que pueda decir el otrora “super policía” a las autoridades de EU y por eso ya están recibiendo asesorías de abogados.

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Asimismo, Hernández aseguró que Felipe Calderón era muy consciente de que su mano derecha en la estrategia contra el crimen organizado causaba muchas dudas entre autoridades de seguridad de Estados Unidos.

Sobre ello, recordó que según unas fuentes, un ex funcionario de seguridad de México acusaba a García Luna de ocultar videos sobre el atentado contra integrantes de la CIA, ocurrido en noviembre de 2012, en Tres Marías, Morelos.

El pasado 17 de enero, la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa de Genaro García Luna solicitaron al juez Brian Cogan, quien presidió el juicio contra el Joaquín El Chapo Guzmán, 60 días de plazo entre la audiencia del próximo martes 21 y la siguiente, debido a la complejidad del caso.

En una carta, la Fiscalía argumentó que busca presentar voluminosas evidencias relacionadas contra el acusado, que abarcan al menos dos décadas de investigación e incluyen registros financieros, de propiedades y de su proceso de nacionalización, por lo que requiere más tiempo para tenerlas listas.

Pedro Guerra Maccise

Seguridad y Justicia

“Mochomo” y abogado de Sidronio, vinculados a proceso

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MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José Ángel C, El Mochomo y Arturo R (abogado de Sidronio Casarrubias) por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El 1 de julio de 2020, la FGR emitió acuerdo de detención por caso urgente, cumpliéndose el mismo día por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes pusieron a disposición a Ángel C, uno de los líderes del Cártel Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control del Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, otorgó medida cautelar de arraigo en contra de esta persona, mismo que empezó a correr del 02 de julio al 10 de agosto de 2020, medida que debía de cumplir al interior del Centro Federal de Arraigo.

El 7 de agosto de 2020, se amplió la medida de arraigo por el término de 40 días más que empezaron a correr del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020, día en el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), actuando como juez de control, libró orden de aprehensión en contra de  Ángel C y Arturo R, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Ese mismo 18 de septiembre, se decretó el levantamiento del arraigo de Ángel C, en atención a la orden de aprehensión dictada en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de PFM. El mismo día se cumplimentó orden de aprehensión a Arturo “R” cuando se encontraba en la colonia Capultitlán, en el municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México.

Por lo anterior, fueron vinculados a proceso por los delitos mencionados, delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer Delitos contra la Salud. El juez otorgó cuatro meses de investigación complementaria, quedando recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

Con información de Quadratín

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Reporte Nivel Uno No. 115

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