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Política

Hay pruebas de corrupción de EPN y Ruiz Esparza con OHL: abogado

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Foto: Especial.

MÉXICO.- De acuerdo con el abogado Paulo Díez Gargari, tanto Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza fueron cómplices de corrupción en un caso de licitaciones con la empresa OHL, en la construcción del Viaducto Bicentenario sobre una vía de jurisdicción federal.

El litigante aseguró en conferencia de prensa que tanto Peña como Ruiz Esparza sabían que era necesaria una concesión federal para la explotación de la vía a través del cobro de peaje, pero no solicitaron la concesión, beneficiando así a la constructora española.

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Las pruebas que el abogado presentó son parte de una investigación en curso, mismas que “serían suficientes como para que la FGR pudiera judicializar esta carpeta”, contra Ruiz Esparza y de quienes resulten responsables.

Gargari explicó que el gobierno del Estado de México encabezado por Peña Nieto, sabía que no podían operar y/o explotar la vía a través de un tercero y sin una concesión de por medio, “decidieron cometer el delito previsto en el Artículo 150 de la Ley de Bienes y beneficiarse del mismo”.

ssc

Política

Morena denuncia ilegalidad del INE por prohibir mañaneras de AMLO

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Foto: Especial.

MÉXICO.- Morena pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corregir la “ilegalidad e injusticia” del Instituto Nacional Electoral (INE) al limitar las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En su recurso de impugnación presentado ante la Sala Superior insistió en que AMLO únicamente hace uso de su libertad de expresión, sin mencionar a otros partidos ni favorecer a los morenistas.

Afirmó que la censura impacta a los medios de comunicación porque se les impide ejercer su labor informativa, al no tener la opinión del tabasqueño sobre temas de relevancia nacional.

“Con ello, la autoridad electoral evita el conocimiento puntual de la realidad, silencia las discrepancias, disuade o frustra la protesta y cancela finalmente el pluralismo característico de una sociedad libre, democrática y participativa“, argumentó Morena.

“Del análisis particular y conjunto de las expresiones (del Presidente) no se desprende la intencionalidad de afectar una campaña específica de algún partido político o candidato; tampoco se observa que se posicione alguna plataforma electoral; por el contrario, se trata de una referencia genérica al actuar de manera coligada de determinados partidos políticos”.

En el escrito, insistió en que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama no debieron participar en la discusión y votación del acuerdo, pues días previos prejuzgaron al dar por hecho que se aprobarían las limitantes.

Debido a que el acuerdo está dirigido al Presidente y demás funcionarios federales y locales, y no contra partidos políticos, Morena justificó que está facultado para impugnar el “interés general”.

“En estos casos, el partido no ejerce una acción a favor del titular de la institución de Gobierno que puede verse afectada, sino en interés de la generalidad, a efecto de salvaguardar el adecuado funcionamiento de las instituciones de Gobierno y el derecho a la información de la ciudadanía”, apuntó.

“Las medidas cautelares determinadas por la autoridad electoral administrativa no sólo afectan de manera directa al Presidente, sino también a la sociedad que considera que las manifestaciones de la mañanera denunciada no contiene aspectos de índole electoral y, por lo tanto, no violan los principio de equidad e imparcialidad”.

Insistió en que los consejeros llegaron a una “ilegal e injusta” conclusión porque advierten que es sistemática la actitud de López Obrador.

“Bajo esta lógica, la Sala Superior ha sostenido que únicamente resultan sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya que resulta injustificado restringir manifestaciones o mensajes contenidos en propaganda institucional y/o gubernamental que no impliquen dicho riesgo o afectación”, agregó.

También justificó que es una ilegalidad hacer extensiva la prohibición a todos los funcionarios, pues el recurso contra el Presidente es sobre una persona y hecho específico.

“El acuerdo impugnado estableció medidas cautelares inhibitorias, con efectos generales y obligatorios para todos los funcionarios, lo cual es ilegal porque los efectos de las resoluciones cuando perjudican deben ser relativos”, se lee en el documento.

“Esto es vinculante sólo a las partes que litigaron el asunto, pues estimar lo contrario implicaría condenar a esas personas sin haber sido oídos y vencidos en juicio en franca violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución”.

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Reporte Nivel Uno No. 115

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