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Seguridad y Justicia

Ofrecen 25 mil pesos por cuidar hoteles cerrados en México por covid-19

Foto: Especial.

MÉXICO.- Mediante grupos de WhatsApp conformados por militares en retiro, se está convocando a personal,  preferentemente con licencia de portación de armas, para resguardar restaurantes y hoteles que han cerrado por la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus covid-19.

De acuerdo con el periodista Humberto Padgett, cadenas hoteleras como RIU, Camelot, Hard Rock, Fiesta Americana y Marriott se encuentran contratando los servicios de empresas como “Macotela”, que proveyó de la licencia de portación de armas a RCU, que cuidaba a periodistas para el mecanismo federal de protección.

Este investigador se puso en contacto con el capitán Víctor Manuel González Ortega, quien le detalló que la paga por cuidar hoteles en Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Cancún, Riviera Maya, Riviera Nayarit, San Blas, Ciudad de México y Monterrey, es de 20 mil a 25 mil pesos, con alojamiento y comida incluidos.

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Asimismo, el salario depende de si la persona tiene licencia para portar armas, si es así, recibe 25 mil pesos por su labor.

Por otra parte, el capitán le detalló que empleará aproximadamente entre 100 y 120 militares retirados; “por la contingencia, prácticamente muchos hoteles quedan cerrados y hay muchos valores y se resguarda la instalación”, dijo.

Mientras tanto, en otra de las convocatorias que circulan en los grupos de WhatsApp, el contratador indica que se requiere personal con permiso de portación de arma para trabajar en Puerto Vallarta, la paga es de 17 mil pesos mensuales, más alojamiento y comidas.

Una más indica que “salió un servicio de dos semanas comandantes. Son 3 días, 3 para de día y 3 para de noche por dos semanas. Son 25 mil 200 por dos semanas, éntrenle. Es para cuidar una fábrica, ya cerró y es para que no la desvalijen”.

Seguridad y Justicia

“Mochomo” y abogado de Sidronio, vinculados a proceso

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MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José Ángel C, El Mochomo y Arturo R (abogado de Sidronio Casarrubias) por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El 1 de julio de 2020, la FGR emitió acuerdo de detención por caso urgente, cumpliéndose el mismo día por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes pusieron a disposición a Ángel C, uno de los líderes del Cártel Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control del Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, otorgó medida cautelar de arraigo en contra de esta persona, mismo que empezó a correr del 02 de julio al 10 de agosto de 2020, medida que debía de cumplir al interior del Centro Federal de Arraigo.

El 7 de agosto de 2020, se amplió la medida de arraigo por el término de 40 días más que empezaron a correr del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020, día en el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), actuando como juez de control, libró orden de aprehensión en contra de  Ángel C y Arturo R, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Ese mismo 18 de septiembre, se decretó el levantamiento del arraigo de Ángel C, en atención a la orden de aprehensión dictada en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de PFM. El mismo día se cumplimentó orden de aprehensión a Arturo “R” cuando se encontraba en la colonia Capultitlán, en el municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México.

Por lo anterior, fueron vinculados a proceso por los delitos mencionados, delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer Delitos contra la Salud. El juez otorgó cuatro meses de investigación complementaria, quedando recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

Con información de Quadratín

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

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