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Morena plantea que no se paguen rentas durante crisis por coronavirus

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Foto: Especial.

MÉXICO.- El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, propuso que se reforme el Código Civil Federal para que arrendatarios y arrendadores puedan acordar la eliminación o reducción de rentas en situaciones extraordinarias, como es la crisis sanitaria por el coronavirus.

La propuesta prevé modificaciones a los artículos 2431 y 2432 con el fin de establecer que, en caso de que una emergencia sanitaria impida total o parcialmente el uso o goce de un bien arrendado, se abra la posibilidad de acordar cambios al monto que inicialmente se pactó.

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La iniciativa del senador de Morena señala que dicho acuerdo se generaría según lo permita la situación económica y garantizando las mejores condiciones para las partes involucradas.

El legislador dio a conocer que después de que el Consejo de Salubridad General ordenó detener las actividades no esenciales para evitar la propagación del virus, se han registrado dificultades para el pago de la renta o alquiler de inmuebles, ya sea por la pérdida o suspensión del empleo o por el recorte de remuneraciones, entre otras.

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Manifestó que este escenario ha generado muchas dudas respecto a cómo proceder ante estas situaciones, sobre todo en lo que se refiere al arrendamiento de inmuebles en los que se ubican negocios afectados por la pandemia, aunado a que el actual es un escenario de incertidumbre económica y con una duración incierta.

Asimismo, dijo que también es necesario considerar a las personas que viven de la renta de sus inmuebles y que pagan sus deudas y obligaciones con los recursos que cobran por ésta y que, al no percibir ese ingreso, puede afectar y poner en riesgo su entorno familiar.

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“Esta doble afectación provoca el quiebre de la llamada cadena de pagos”, explicó.

Monreal también mencionó que el Código Civil Federal ya considera supuestos para reducir los pagos en caso de imposibilidad total o parcial del disfrute del bien arrendado por “caso fortuito o fuerza mayor”.

Sin embargo, apuntó, ante una emergencia sanitaria como la actual, lo ideal es procurar la protección de ambas partes del contrato de arrendamiento.

CDMX

Terapias de conversión en CDMX ameritarán hasta 5 años de cárcel

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MÉXICO.- Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género del Congreso capitalino aprobaron el dictamen en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias, servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de México, llamadas terapias de conversión.

Con las observaciones y propuestas de diputadas y diputados también se estableció que a quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se le impondrán de dos a cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. Incluso este delito se perseguirá por querella.

Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.

El diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, fue quien impulsó la iniciativa de reformas, en septiembre del año 2018 y que hoy aprobaron las comisiones unidas.

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En la sesión remota de este viernes, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez, explicó que un derecho humano es el derecho sexual y reproductivo, y dentro de éstos se encuentra determinar libremente la orientación sexual e identidad de género. “Es un tema de los más complejos que ha requerido de un análisis profundo para garantizar en el Código Penal que no se atente contra el libre desarrollo de las personas”.

“Es un derecho humano fundamental que busca que las personas puedan desarrollar libremente su personalidad, y a partir de ello las personas puedan alcanzar su desarrollo personal, emocional, social; por eso es que consideramos que como ha quedado definido en múltiples instrumentos internacionales, la preferencia de género y  la identidad sexual es un derecho fundamental. Se ha considerado en el dictamen que se debe proteger el derecho humano fundamental, para ello y se ha establecido la modificación al Código Penal que sanciona lo que se ha denominado terapias de conversión”, dijo.

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Por lo tanto, agregó, una persona no puede ser obligada, bajo ninguna circunstancia, para alterar o modificar la expresión o identidad de género.

Por ello se modificó el Artículo 190 Quarter, correspondiente al Capítulo de Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad y la Identidad Sexual, en donde se especifica que se entiende por terapias de conversión, aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tenga por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplee violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.

“Hay que resaltar que hoy el Congreso de la Ciudad de México debe sentirse orgulloso de este instrumento normativo, ya que nos pone a la vanguardia en nuestro país como la primera legislación que establece la regulación sobre este importante tema. Este instrumento será referente en el Congreso de la Unión, así como en las Legislaturas de los estados. Con esto, la Ciudad de México se pone a la vanguardia en América Latina y sin lugar a dudas seremos un referente internacional”, resaltó.

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En tanto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Paula Soto Maldonado, celebró la participación de diputadas y diputados en la elaboración del dictamen, “hubo interés para atender un tema urgente como son las llamadas terapias de conversión, que no son más que un delito disfrazado y  normalizado por una sociedad intolerante, es un delito del que son víctimas tanto mujeres como hombres”.

Recordó que según el informe de la Convención Sobre todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en el año 2018, las mujeres lesbianas y bisexuales son objeto de amenazas constantes de someterlas a llamados métodos de curación, que conllevan a un sinnúmero de violaciones a sus derechos humanos.

Con información de Quadratín

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Reporte Nivel Uno No. 111

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