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Seguridad y Justicia

Marina acepta que cometió 27 secuestros y asesinatos ilegales en Tamaulipas

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Foto: Especial.

MÉXICO.- Ante las presiones de un grupo de derechos humanos, la Marina mexicana parece cerca de aceptar su responsabilidad por varias desapariciones ocurridas en la frontera entre México y Estados Unidos en 2018, lo que confirmaría viejas sospechas de los habitantes locales.

En un reciente informe, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México “logró atribuir” a la Secretaría de Marina (SEMAR) de México 27 casos de personas “detenidas de forma arbitraria y desaparecidas” en la ciudad de Nuevo Laredo en el estado de Tamaulipas, norte del país, entre marzo y mayo de 2018. Doce de esas personas fueron halladas muertas posteriormente.

Los responsables de los crímenes presuntamente secuestraron a personas que conducían o caminaban por la calle e incluso entraron a negocios y residencias sin órdenes de detención o captura antes de llevarse a las víctimas sin mostrar identificación alguna y movilizándose en vehículos oficiales, según el informe.

La CNDH halló que los reportes oficiales de la Marina sobre algunos de estos hechos también fueron manipulados.

Activistas locales de derechos humanos señalaron que las víctimas pertenecían a todos los sectores de la sociedad: un ama de casa, un panadero, un adolescente de 16 años, entre otros, y que las autoridades pueden haberlos seguido para “hacer obtener información de inteligencia”, según un reportaje de Univisión.

Entre otras recomendaciones, la comisión solicitó a la Marina “reparación integral” para los afectados por las desapariciones forzadas, continuar la búsqueda de las otras 15 personas que siguen desaparecidas y la apertura de investigaciones penales.

La Marina mexicana “aceptó” las recomendaciones en un tuit del 21 de julio y se comprometió a mostrar su “compromiso” con la defensa de los derechos humanos. Poco después de que se presentaran las denuncias originales, declaró la Marina “en todos los casos en los que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y… queda atenta de la resolución que se emita”, según un comunicado de prensa de septiembre de 2018.

En 2018, sin embargo, la Marina había negado la participación “en los hechos, habían criminalizado a las víctimas y le habían atribuido estas desapariciones a un grupo del crimen organizado”, según declaraciones de un líder local de derechos humanos.

Pese a ser el organismo de seguridad que mayor confianza genera en México, la participación de la Marina en la presunta desaparición y homicidio de civiles inocentes constituye un crudo recordatorio de los graves abusos que con demasiada frecuencia acompañan la ofensiva frontal militarizada contra el crimen organizado en el país.

El uso de fuerza letal por parte de los infantes de marina de México en presuntos enfrentamientos con grupos armados se disparó de manera considerable entre 2012 y 2019, lo que plantea interrogantes sobre una falta de veeduría, adiestramiento y rendición de cuentas a esos organismos.

La posible admisión de la Marina sería un paso bien recibido. Pero la evidencia que indica que hubo participación de infantes de marina mexicanos en las docenas de desapariciones a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos hace más de dos años ya se había presentado desde el inicio.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) declaró en un comunicado oficial en mayo de 2018 que habían recibido declaraciones que señalaban de manera sólida que las desapariciones fueron “perpetradas por un organismo de seguridad federal”.

Pero a pesar de la “amplia información y evidencia”, las autoridades mexicanas en la época, y desde entonces, hicieron “pocos avances en la ubicación de los desaparecidos y en la investigación de su suerte”, según la OHCHR.

Meses después, Amnistía Internacional señaló en un comunicado de julio de 2018 que las familias de las víctimas habían implicado a la Marina de México en las desapariciones con base en “testimonios de testigos y material audiovisual recogido en los hechos”.

Expertos forenses y en armamento de Amnistía Internacional concluyeron que el material en video de la detención de una de las víctimas mostraba que los sospechosos parecían tener “capacitación profesional y [estar] equipados con vehículos, uniformes y armas, incluyendo rifles Sig516, que se asemejan mucho a los que la Marina usa”.

Pero en ese momento, la Fiscalía General de México dijo estar investigando una disidencia del temido grupo criminal Los Zetas, conocido como Cartel del Noreste, al mando de Juan Gerardo Treviño Chavez, alias “El Huevo”.

Las autoridades afirmaron que el grupo estaba implicado en la desaparición de por lo menos 35 personas entre febrero y mayo de 2018 en Nuevo Laredo, informó El Universal.

Funcionarios del gobierno mexicano alegaron que era común ver a miembros del grupo usando uniformes del estilo de la Marina y empuñando armas de “uso exclusivo” de las fuerzas armadas del país, según El Universal.

No ofrecieron explicación sobre cómo habría podido ese grupo obtener dichos equipamientos.

Amnistía Internacional hizo énfasis en que si bien hay ocasiones en que los grupos criminales se disfrazan como miembros de las fuerzas de seguridad, existía “evidencia suficiente” para abrir una investigación independiente sobre la presunta participación de la Marina en las desapariciones de 2018.

Seguridad y Justicia

“Mochomo” y abogado de Sidronio, vinculados a proceso

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MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo vinculación a proceso en contra de José Ángel C, El Mochomo y Arturo R (abogado de Sidronio Casarrubias) por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El 1 de julio de 2020, la FGR emitió acuerdo de detención por caso urgente, cumpliéndose el mismo día por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes pusieron a disposición a Ángel C, uno de los líderes del Cártel Guerreros Unidos e involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Posteriormente, el Juzgado Segundo de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control del Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de México, otorgó medida cautelar de arraigo en contra de esta persona, mismo que empezó a correr del 02 de julio al 10 de agosto de 2020, medida que debía de cumplir al interior del Centro Federal de Arraigo.

El 7 de agosto de 2020, se amplió la medida de arraigo por el término de 40 días más que empezaron a correr del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020, día en el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano), actuando como juez de control, libró orden de aprehensión en contra de  Ángel C y Arturo R, por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Ese mismo 18 de septiembre, se decretó el levantamiento del arraigo de Ángel C, en atención a la orden de aprehensión dictada en su contra, la cual fue cumplimentada por elementos de PFM. El mismo día se cumplimentó orden de aprehensión a Arturo “R” cuando se encontraba en la colonia Capultitlán, en el municipio de Toluca de Lerdo, Estado de México.

Por lo anterior, fueron vinculados a proceso por los delitos mencionados, delito de Delincuencia Organizada con la finalidad de cometer Delitos contra la Salud. El juez otorgó cuatro meses de investigación complementaria, quedando recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano.

Con información de Quadratín

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Reporte Nivel Uno No. 115

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