En la Cámara de Diputados el PAN advirtió que la reforma a Ley de Hidrocarburos representa un riesgo para el Estado de Derecho, la seguridad nacional y energética, pues a partir de buscar combatir al comercio ilegal de combustibles, resulta un pretexto burdo para esconder la verdadera intención de la expropiación directa en este sector.

Sobre el tema, el coordinador de los legisladores del blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks acusó que la mesa de discusión con expertos que organizó la semana pasada la mayoría de MORENA no sirvió para la reflexión “ni mucho menos para enriquecer el texto original, siguiendo la orden dictada por el otro poder de la Nación, para que, sin mover una coma y de manera diligente se aprestan a aprobar sin más ante el Pleno”.

Alertó que de darle luz verde en el Legislativo y al momento de su aplicación, la Ley de Hidrocarburos servirá para que la Secretaría de Energía, o la Comisión Reguladora de Energía, puedan revocar “a discrecionalidad” los permisos de los particulares para la comercialización de hidrocarburos.

Además, altera la competencia y libre concurrencia de acuerdo con lo previsto en los artículos 25 y 28 de la Constitución. “Pretende, amañadamente, acabar con la competencia para favorecer a PEMEX en los casos que arbitrariamente alegue el gobierno un supuesto peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Es decir, se convierten en juez y parte”.

Incertidumbre en inversión con ley de Hidrocarburos

“Esta propuesta del presidente López Obrador tiene una concepción distorsionada e incurre en el error de ideologizar el papel de las empresas del Estado Mexicano como PEMEX, colocándolas por encima del interés de los mexicanos con la calidad de monopolios, cuyo mantenimiento nos costará muchos impuestos a esta y las siguientes generaciones de mexicanos”, señaló Romero Hicks.

En tanto, a través de un comunicado, los diputados panistas Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg y Justino Arriaga Rojas, como integrantes de la Comisión de Energía, expresaron que la iniciativa contradice los principios constitucionales para la participación del sector privado en la industria de petrolíferos y viola los tratados internacionales ratificados por México.

Coincidieron en que volver a Pemex un monopolio acarreará inconformidades legales de los empresarios y compañías afectadas ante las instancias judiciales, abriéndose un capítulo más como el que se tuvo con la reforma de la Industria Eléctrica, que se encuentra suspendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.