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Seguridad y Justicia

FGR detiene a priistas por desfalco de 5 mil mdp en el Infonavit

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Foto: Especial.

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y excoordinador general jurídico del Infonavit, por delincuencia organizada y por estar implicados en la trama de Telra Realty y el pago millonario por la terminación anticipada de un contrato sobre Movilidad Hipotecaria.

La captura del equipo jurídico del entonces ex director del Infonavit, David Penchyna, se realizó el 6 de enero en la Ciudad de México y el domingo pasado un juez de control los vinculó a proceso en una audiencia donde les ratificó la prisión preventiva de oficio.

Cedillo y Cerda firmaron en 2017 un convenio que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios por la cancelación de un contrato que no tenía viabilidad jurídica y financiera, además de que la empresa, contratada sin licitación, no tenía el capital, experiencia profesional ni infraestructura para ejecutarlo.

Por ese mismo caso, la FGR busca aprehender a los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos. Autoridades federales realizaron el sábado un operativo de vigilancia en un condominio de Acapulco en busca de los Zaga, pero no tuvieron éxito.

Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, ordenó sus capturas y la de Elías Zaga Hanono –hijo de Rafael Zaga–, este último por delincuencia organizada con la finalidad de operar recursos de procedencia ilícita. Los tres se encuentran actualmente prófugos de la justicia.

La orden de aprehensión está relacionada con el convenio suscrito el 9 de junio de 2014 entre el Infonavit y Telra Realty, propiedad de los Zaga, para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, que incluía proyectos de mejora de viviendas y comercialización de las mismas a través de fideicomisos.

El 31 de mayo de 2017, el Consejo de Administración del Infonavit, ya con David Penchyna al frente del Instituto, dio por terminados los contratos y convenios con Telra, al estimar que jurídica y financieramente era inviable su ejecución en la forma y términos pactados.

La terminación anticipada del contrato derivó en un convenio de transacción suscrito el 22 de agosto del mismo año por Cedillo y Cerda, que obligó al Infonavit a pagar 5 mil 88 millones de pesos a Telra, como indemnización por daños y perjuicios.

En su imputación, la FGR sostiene que el origen del dinero pagado a Telra es ilícito porque dicha empresa, contratada sin licitación, no contaba con el capital, experiencia profesional ni infraestructura; y “sorpresivamente” los funcionarios del Infonavit simularon un proceso de mediación.

Señala que en dicho proceso, algunos expertos recomendaron al Instituto acudir a la vía judicial para resolver esa controversia, pero no se atendió esa postura y se decidió pagar los supuestos daños y perjuicios.

La orden de aprehensión fue librada el 25 de diciembre pasado, luego de que durante casi todo el 2020 la FGR intentara infructuosamente que los hermanos Zaga fueran procesados por defraudación fiscal, delitos por los que un juez negó las órdenes de aprehensión o rechazó vincularlos a un procedimiento penal.

En mayo pasado, los Zaga señalaron que la FGR también investigaba inicialmente a los hermanos Max y André El-Mann Arazi, pero estos acordaron un criterio de oportunidad para obtener la inmunidad penal, a cambio de reparar el daño por 2 mil millones de pesos.

Seguridad y Justicia

Caso Cienfuegos: ¿Por qué lo perdonó el gobierno de López Obrador?

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Foto: Especial.

MÉXICO.- Lo detuvieron en octubre, cuando viajaba acompañado de su familia a Estados Unidos. Aquella vez se supo que la captura del general en retiro Salvador Cienfuegos había sido por petición de la Administración para el Control de Drogas, la DEA.

La noticia sacudió a México, pues era un hecho inédito, ya que por primera vez un militar mexicano de tan alto rango era arrestado por las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó el jueves 15 de octubre del año pasado que Cienfuegos Zepeda, identificado como “El Padrino”, enfrentaba cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas.

Hasta ese momento, solo se había producido la detención y acusación del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Pero un posible juicio a Cienfuegos Zepeda estaría un peldaño más arriba.

“Nunca había pasado que detuvieron a un secretario de la Defensa Nacional y menos en un país extranjero. Y es más notable porque el ejército, dentro del país, siempre había sido intocable”, dijo aquella vez para la BBC el analista en seguridad César Gutiérrez.

¿Pero de qué acusaban a Salvador Cienfuegos?? Como revela la acusación oficial, desde agosto de 2019 el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una larga investigación en contra de “El Padrino” o simplemente “Zepeda”, como lo llamaban en las pesquisas.

En ese momento, el tribunal federal del Distrito Este de Nueva York señaló que tres cargos eran por presuntos actos de narcotráfico entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El acusado, al lado de otros, “tenía conocimiento o conspiró intencionalmente para manufacturar o distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, conocimiento y motivos razonables para creer que dichas sustancias serían importadas ilegalmente a Estados Unidos desde un lugar exterior”, dictaba la acusación fundamentada en unas indagatorias que tardaron años en realizarse.

Las drogas en cuestión eran heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana en distintas cantidades. Sí, un secretario de la Defensa encargado de traficar todo un surtido rico de sustancias prohibidas.

El cuarto cargo del que lo acusaban era lavado de dinero “procedente” de actividades del narcotráfico a través de la transferencia de recursos entre Estados Unidos y México.

Además, según los señalamientos del momento, bajo su mando, Cienfuegos Zepeda presuntamente ordenaba evitar confrontaciones militares contra el cártel para el que supuestamente trabajaba, el del H2, realizar operativos contra sus grupos rivales, facilitarle sus operaciones y advertir sobre operativos antinarco estadounidenses.

Tras su captura, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el día siguiente que este no era investigado en el país por ningún cargo y que recibió la noticia el mismo día de su detención.

Pero poco más de un mes después, con las elecciones de EUA celebradas y en medio de la resistencia de Trump a reconocer el triunfo de Biden, sumado al rechazo de AMLO a hacer lo propio como Jefe de Estado, las autoridades desecharon la acusación contra el general y lo entregaron a México. El 19 de ese mes aterrizaba en territorio mexicano y 58 días después quedaría totalmente exonerado, totalmente libre de culpa.

Y la pregunta es inevitable: ¿Qué hace al “Padrino” intocable? ¿A qué intereses responden las autoridades para que un militar de tan alto rango acusado directamente por la todapoderosa DEA de ser comparsa, protector y colaborador del narco en México, sea exonerado?

Esas respuestas, lamentablemente, es muy probable que nunca las sepamos.

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

CDMX

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