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Seguridad y Justicia

FGR le descubre 60 millones de pesos a senador del PAN acusado por Lozoya

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Foto: Especial.

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

Fuentes ministeriales confirmaron a El Universl que la denuncia de la UIF fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María Mijangos.

Ésto, luego de que la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo detectó movimientos inusuales en las cuentas bancarias del panista Lavalle Maury, como transferencias por 20 millones de pesos a cuentas en Estados Unidos, lo que no corresponde con sus ingresos como funcionario público.

Además, se registraron diversos depósitos en efectivo a las cuentas del exlegislador por 40 millones de pesos durante su periodo de gestión como senador de la República.

La denuncia fue presentada el pasado 13 de octubre de 2020 y a pesar de ello, las cuentas bancarias del exsenador no están congeladas.

Lavalle Maury, del PAN, forma parte de los 70 nombres que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, mencionó en su denuncia presentada ante la FGR en agosto de 2020 contra diversos exfuncionarios y servidores por actos de corrupción.

En concreto, el exdirector de Pemex señaló a Lavalle Maury como parte del grupo de legisladores panistas que lo extorsionaron para dar su voto a favor de las reformas estructurales impulsadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En este grupo también se encuentran, según el dichos de Lozoya Austin, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya Cortés, Ernesto Cordero Arroyo y Salvador Vega Casillas.

“A solicitud de [Luis] Videgaray Caso, de quien yo recibía instrucciones, recibí en diversas ocasiones a los legis- ladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares para dar su voto a favor de la reforma energética”, dijo Lozoya.

“Los legisladores señalados tenían una actitud muy agresiva, ya que inclusive amenazaban con boicotear la reforma energética si no recibían sus sobornos”, acusó.

Previo a que Lozoya Austin presentara su denuncia, en redes sociales circuló un video en el que se observa a Rafael Caraveo, brazo derecho y operador de Lavalle Maury, recibiendo fajos de dinero en maletas que supuestamente constituyen los sobornos referidos por el exdirector de Pemex para aprobar la reforma energética.

Luego de la difusión de estas imágenes, Lavalle Maury, quien fue expulsado del PAN hace dos años, se deslindó de las actividades de Caraveo y dijo ser inocente.

En cuanto se dio a conocer la denuncia de Lozoya Austin, el exsenador afirmó que ya se encontraba preparando su defensa en contra de las acusaciones del exdirector general de Pemex.

“Tal y como lo informé desde el primer momento en que se hicieron públicos diversos señalamientos en mi contra, el señor Emilio Lozoya [Austin] miente”, indicó a través de un comunicado.

“Estoy en casa con mi familia y asesores preparando mi defensa”, expuso.

Desde septiembre pasado, la UIF anunció que derivado de la denuncia presentada por Lozoya Austin comenzó a revisar las finanzas de las 70 personas mencionadas por el exdirector de Pemex y se comprometió a entregar la información recabada a la FGR o, en su caso, a presentar las denuncias correspondientes, lo que ocurrió en octubre pasado con la acción contra Lavalle Maury.

Todavía en diciembre pasado, el exsenador del PAN afirmó que su patrimonio es totalmente lícito y reiteró que no recibió dinero de sobornos: “Es absurdo suponer que recibí algún tipo de prebenda o soborno a cambio de mi voto, que también pasó por la mayoría de otros 127 senadores, 500 diputados y la aprobación de los Congresos locales”, afirmó a través de su cuenta de Twitter.

La semana pasada, la FGR anunció que en estos días judicializará la carpeta de investigación que inició con la denuncia de Lozoya, actualmente vinculado a proceso por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Sin embargo, la fiscalía no precisó contra quiénes ya reunió pruebas suficientes para iniciar proceso penal y por qué delitos y hasta el momento no ha informado más sobre el tema.

La denuncia también menciona a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Carlos Salinas de Gortari como copartícipes de una red de corrupción en el gobierno federal que les involucra tanto en el caso Odebrecht como Agro Nitrogenados.

Con sus acusaciones y la entrega de información y evidencias, Lozoya Austin busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad, figura jurídica que permite, a cambio de colaborar con las autoridades, que el agente del Ministerio Público se desista de acusar penalmente a una persona.

Seguridad y Justicia

CJNG inunda de cadáveres predio de Tijuana; hallan 13 cuerpos (VIDEO)

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Foto: Especial.

TIJUANA.- Al menos 13 cadáveres han sido encontrados en las fosas o presuntos tiraderos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la colonia Maclovio Rojas, en Tijuana, Baja California, donde desde hace una semana los colectivos de familiares de desaparecidos hacen búsquedas exhaustivas, y sin la ayuda de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los activistas iniciaron las excavaciones tras recibir una llamada anónima que los alertó sobre la existencia de una fosa clandestina en ese sitio.

La primera línea de investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California es que el terreno ubicado en la calle Artículo Número 3, esquina con Calle Emiliano Zapata del Ejido Maclovio Rojas, Delegación Presa Rural, donde fueron encontrados 13 cuerpos y/o restos humanos en ocho días, es un tiradero y casa de seguridad del CJNG.

“Aún sin investigación, es lógico que se trata de víctimas de la pugna por la venta de droga en las calles en la Zona Este de la ciudad. Y ciertamente los restos deben corresponder a las personas reportadas como desaparecidas. De acuerdo con las versiones de los delincuentes detenidos en fechas recientes, en esa zona, el control del CJNG está predominando, y es la gente de Jalisco la que está optando por privar de la libertad a sus víctimas o competidores, torturarlos, matarlos y enterrarlos. Su idea es no jalar la atención de los operativos, y tratar de mantener lejos a las policías”, explicó al semanario ZETA uno de los integrantes de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.

Por otra parte, elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) refirieron que aún no es momento de deslindar a los operadores de los cárteles Arellano Félix (CAF) y de Sinaloa (CDS) que delinquen en la zona.

En ninguna de las trece carpetas de investigación iniciadas, de los 13 restos encontrados entre el martes 5 y el miércoles 12 de enero, hay alguna información sobre los presuntos responsables.

Tampoco se ha determinado el tiempo que los criminales tenían usando el predio como tiradero de cadáveres. Por la descomposición de los cuerpos, las autoridades consideran mínimo seis meses. Pero los buscadores estiman que es más de un año. Por el estado de descomposición de los cuerpos, solo en tres se ha podido determinar una “posible” causa de muerte: uno por herida de arma de fuego y dos por estrangulamiento.

Según las autoridades, la cabeza del CJNG en aquella zona es Rodolfo López Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito” desde agosto de 2019, cuando Ricardo Antonio Álvarez Olivares “Cabo 29” y/o “Bebé” fue asesinado en Baja California Sur. De acuerdo con reportes de inteligencia, pasa el tiempo entre Puerto Vallarta y Tijuana.

Los de Jalisco están enfrentados a Luis Mendoza, cabeza de Los Uriarte, quien tiene como operadores criminales a su primo Alberto López, Germán Ayala y Luis Correa. Y a los ex operadores del CAF, de Pablo Edwin Huerta “El Flaquito” aliados a “Los Chapitos”.

La zona impactada por la violencia de estos grupos es el Distrito 2, donde durante el año pasado se perpetraron 3,015 homicidios, el 16% de los 2,015 asesinatos ocurridos en Tijuana. Comprende La Presa y Presa Rural, delegaciones ubicadas en el extremo Suroeste de Tijuana, zona de mayor crecimiento de la ciudad, y en términos de trasiego de droga, conectada directamente a través de bulevares a las delegaciones Los Pinos, Cerro Colorado, Centenario y a los municipios de Tecate y Rosarito.

De acuerdo con La Jornada, uno de los obstáculos a los que se enfrentan los colectivos de búsqueda en la entidad federativa es que, cuando se trata de propiedad privada, no cuentan con la orden de un juez para ingresar a los predios.

Cabe destacar que la Fiscalía de Baja California no auxilia a los colectivos sin la orden correspondiente. Cuando se logró obtener una orden judicial, la FGE ingresó el sábado 2 de enero y halló ese mismo día un cadáver.

“Me dijo que no me podía apoyar, no podía dar seguridad para cometer un delito (para irrumpir en el predio) y me dijo que le mandara la información y que él iba a entrar y no le creímos, pero el lunes me hablan como a las cuatro de la tarde y me dijo ‘Angelica ya entramos a la casa y encontramos el primer cuerpo’, me dijo el fiscal Hiram”, dijo la activista Angélica Ramírez a dicho medio.

Y así, estas crueles imágenes, de familias buscando lo que queda, literalmente, de sus hijos, hermanos, madres, padres… entre la tierra, entre lo que los cárteles han convertido cementerios a destajo.

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Reporte Nivel Uno No. 115

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