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Seguridad y Justicia

Investigan “nuevos” sobornos de Lozoya por 5 millones de dólares

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Foto: Especial.

MÉXICO.- El expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) integró sobre Emilio Lozoya incluye indicios de posibles nuevos sobornos, ahora de empresas ligadas a OHL, constructora de origen español que fue beneficiada con multimillonarios contratos y concesiones por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, según documentos a los que han tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y EL PAÍS.

En documentos recopilados por la FGR en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.

Estas transferencias son diferentes de los 10,5 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que la FGR ha acusado que el exdirector de PEMEX recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes.

Un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión.

Otro reporte del mismo banco lo describe como “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México”. Los documentos refieren que los pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”.

documento_lozoya.jpgCuando el banco UBS abrió la cuenta de Tochos Holding Limited en Ginebra, Suiza, anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya. (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

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En el registro de la cuenta, Lozoya informó al banco que el dinero a Tochos sería transferido desde Grupo Villar (al que pertenece OHL) e Infoglobal, o cualquiera de sus subsidiarias. (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad).

OHL son las iniciales de Obrascón Huarte Lain, los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron y que lograron expandir su presencia a 17 países de Europa y América. En 2019, después de escándalos mediáticos de presunta corrupción, OHL se fragmentó.

La división de concesiones carreteras en México fue adquirida por el fondo australiano IFM Investors y adoptó el nombre de Aleática, en tanto que el Grupo Villar Mir de España se quedó con la división de construcción, e integró a inversionistas mexicanos de la familia Amodio.

Un vocero de Aleática deslindó a esa empresa de reciente creación de las transacciones realizadas en el pasado por los antiguos socios.

“Sería inapropiado que Aleática comente sobre supuestos contratos y empresas que son completamente ajenos a nuestra compañía”, dijo el vocero. “Aleática no mantiene relación corporativa alguna con el Grupo OHL.”

La división de construcción de OHL no respondió a peticiones de entrevista, mientras que los abogados de Lozoya no contestaron a los cuestionarios enviados por MCCI y EL PAÍS.

En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, PEMEX asignó tres contratos a OHL por 2 mil 396 millones de pesos (unos 184 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).

Lozoya había sido consejero de OHL entre octubre de 2010 y marzo de 2012. Además, hasta agosto de 2012 había sido consejero de Infoglobal, S.A., empresa española de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del principal socio de OHL, Juan Miguel Villar Mir, a través de SIA Capital.

Este vínculo de Lozoya con la constructora española y con sus socios no fue obstáculo para que PEMEX les otorgara contratos.

En abril de 2013, PEMEX asignó un primer contrato por más de mil millones de pesos en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas. La asignación se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL, con lo que se habría violado la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cuatro meses después, en julio de 2013, se otorgó a OHL un segundo contrato por 927 millones de pesos para obras en una planta de hidrógeno y un gasoducto, y el 11 de diciembre del mismo año una tercera asignación por 453 millones, ahora en la estación de rebombeo del ducto Salamanca-Guadalajara.

Adicionalmente, en octubre de 2014, una filial de OHL obtuvo un contrato para supervisar la obra del gasoducto Los Ramones, que fue construido por el consorcio AOT en el que participaba Odebrecht.

Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y luego cuando fue presidente, privilegió con contratos multimillonarios a OHL.

La empresa española obtuvo en los últimos diez años la concesión de 400 kilómetros de las autopistas Atizapán-Atlacomulco, Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Urbana Norte y Supervía Poetas. Fue, además, uno de los contratistas del tren México-Toluca, que dejó inconcluso el gobierno de Peña, y poseía 49% de las acciones del Aeropuerto Internacional de Toluca.

Seguridad y Justicia

AMLO ha golpeado más al CJNG que al Cártel de Sinaloa (VIDEO)

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Foto: Especial.

MÉXICO.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene dos principales preocupaciones en materia de seguridad: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Así lo deja ver la Evaluación Nacional de Riesgos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De estos dos cárteles, que también el gobierno de Estados Unidos califica como de los más peligrosos del mundo, parece que López Obrador ya tiene su objetivo: el CJNG, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

La organización criminal que opera en al menos 24 de las 32 entidades del país, según la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), ha sido la más golpeada por el gobierno de AMLO.

De acuerdo con datos de Eduardo Guerrero, un experto en seguridad pública que encabeza la agencia de datos sobre violencia, crimen organizado y políticas de seguridad, Lantia Consultores, han caído más del doble de miembros del CJNG que del Cártel de Sinaloa en la administración lopezobradorista.

Del Cártel de Sinaloa, señala Guerrero, han sido detenidos 245 de sus integrantes; mientras que del CJNG han sido capturados 629. Es decir, se han detenido a más del doble de miembros del cártel liderado por “El Mencho” que del que lidera Ismael Zambada García, “El Mayo”.

No solo eso, el porcentaje de capturas en las que participó alguna autoridad federal, como las Fuerz as Armadas, la Guardia Nacional o la misma Fiscalía General de la República (FGR) es mayor en el caso del CJNG (47%) que del Cártel de Sinaloa (36%).

Estos datos también coinciden con hechos protagonizados por el gobierno federal en relación a ambos cárteles.

Por ejemplo, en el caso del Cártel de Sinaloa AMLO ha sido criticado por saludar a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, uno de sus fundadores.

Además, la mayor crisis de inseguridad de su gobierno fue el “Culiacanazo”, el operativo fallido contra Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo”.

Por otra parte, en el caso del CJNG, Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, fue extraditado en febrero del año pasado luego de años de litigio que evitaron su traslado a Estados Unidos.

La reciente liberación de una orden de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, ligado al CJNG por autoridades estadounidenses, también lo refleja.

Enfocarse en un cártel no es una mala idea necesariamente, asegura Eduardo Guerrero en su columna para El Financiero. Es preferible, dice, enfocar los esfuerzos en combatir a un solo grupo que dispersarse en varios, como se hizo en su momento con “Los Zetas”.

La elección del CJNG sobre el Cártel de Sinaloa, señala, tampoco es injustificada pues la organización de “El Mencho” es mucho más violenta que la de “El Mayo”.

De acuerdo con datos de la UIF , el CJNG tiene presencia en 27 estados, mientras que el Cártel de Sinaloa opera en 21 entidades.

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Reporte Nivel Uno No. 115

Política

CDMX

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